La Reforma Laboral de Rajoy , que ha sobrepasado todas las
aspiraciones de los dueños de las grandes empresas españolas y ha minado a la
vez, todos los logros sociales y salariales de los trabajadores que han
conseguido la proeza de no entrar a formar parte del nutrido club de
desempleados, parece que no ha contentado sin embargo, a los que desde Europa
nos gobiernan y que siguen aún, coreados desde las gradas por los empresarios
españoles, pidiendo más recortes que abaraten la contratación de personal, liberalicen
aún más los despidos y consigan llevar los salarios pagados a cambio del
trabajo, a niveles de los años cincuenta, del pasado siglo.
La austeridad de la que tanto gustan los que manejan las
riendas de las empresas, chocan sin embargo de manera brutal con los
abundantísimos donativos que estos “ahorradores de costos” hacían, según el
diario El País y los papeles de Bárcenas, a las arcas de un Partido Popular,
durante más de veinte años.
Los mismos a los que nada ha importado mandar a las colas del
INEM a seis millones de personas, han mantenido un nivel generosidad
espectacular , rindiendo un tributo periódico ante la sede del partido
conservador, que no solo parece haber servido, presuntamente, para financiar
sus campañas electorales, sino también para nutrir las cuentas corrientes de sus dirigentes ,
cuyos nombres andan ahora de boca en boca, tras la aparición de los comentados
papeles del ex tesorero que se encargaba de canalizar dichas operaciones.
Cuesta mucho creer que estas donaciones millonarias hayan
sido hechas de manera altruista o por una mera cuestión de afinidad ideológica
de los empresarios y quienes las recibieron, así que la pregunta que
inmediatamente se plantea cualquiera que sea dueño de cierta inteligencia, es
la de qué contrapartida esperaban estos empresarios a cambio de su desprendida
actitud o si más que esperar, eran forzados por las circunstancias a firmar los
talones, como pago a una forma de extorsión, que aún no se sabe quién ideó, ni
cuándo empezó a practicarse.
Si se permitiera a cualquier Psiquiatra la posibilidad de
analizar a los adinerados protagonistas de esta historia y les viera hoy hoy
despedir sin rubor a miles de sus trabajadores de sus empresas, seguramente les
diagnosticaría un trastorno bipolar de libro, a juzgar por lo incomprensible de
su manera de actuar en tan corto espacio de tiempo y siempre atendiendo a su
presunción de inocencia, pues mientras todo les parece mucho a la hora de ser
justos con quienes para ellos trabajan, todo les parece poco para mimar a los
populares, ya que la cifra total de sus donaciones, bien podrían paliar, en
parte, la apretada situación que atraviesa el País, si es que llegáramos a
enterarnos de cuánto representa.
Pero si en verdad estaban pagando por algún tipo de servicio
o simplemente, se aseguraban su participación en lo público, en todos los
lugares en que gobernaba el PP o aguardando a obtener algún tipo de beneficio
en cuanto llegaran al poder estatal, podría decirse abiertamente que su actitud
además de ser vergonzosa, merece una inmediata intervención judicial, para que junto a sus extorsionadores, paguen
exactamente dónde deban, la magnitud de su deleznable delito.
Su probada culpabilidad en el deterioro de la vida laboral
del país y su reiterada insistencia en recortar los derechos de los
asalariados, ganados a pulso durante años de batalla contra el sistema
capitalista, no ha lugar a perdón, si se piensa en qué gastan mientras el
dinero, los dueños del poder y la gloria.
Y si los ciudadanos dejamos pasar página, mirando a otro lado
como si estas prácticas corruptas se trataran de algo normal, cuando se habla
de relaciones entre política y empresa, estaremos contribuyendo a nuestra
propia ruina y potenciando nuevas felonías, por parte de quienes ostentan
cualquier tipo de poder y quienes regentan las empresas.
Se ha de exigir un conocimiento profundo de la verdad de esta
historia y una contundencia innegociable en la aplicación de la Ley para todos
los implicados en ella.
Si los empresarios que
aparecen en los papeles de Bárcenas fueran obligados a readmitir, con el mismo
salario que tenían, a todos los trabajadores que despidieron, desde la llegada
de la crisis, la justicia habría sentado
un precedente que podría disuadir a partir de ahora, a cualquiera que pudiera
siquiera pensar en volver a enredarse en donaciones para potenciar a cualquier formación política,
de las que pululan en el suelo patrio.
En cuanto a los populares, no cabe otra solución que una
dimisión en cadena y la convocatoria de nuevas elecciones. Pero ni lo uno ni lo
otro pasará.
Falta valor para poner en práctica ambas cosas.
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