Mientras el Tribunal Supremo da la razón a los trabajadores
de Telemadrid, colocando en una situación difícil al gobierno de la Comunidad,
otros jueces se niegan a revisar la Sentencia que absolvió a Camps y Costa, por
el asunto de los trajes, a pesar de la existencia de serios indicios de
irregularidad en el veredicto emitido por un jurado popular, extrañamente
identificado con la causa del ex Presidente de la Comunidad de Valencia.
Una de cal y otra de arena que no ayudan a devolver la
credibilidad perdida a un Sistema Judicial, claramente tocado por lo
incomprensible de sus acciones, cada vez que se trata de juzgar casos relacionados en mayor o menor grado con
la corrupción, que a los ojos de la opinión pública, pone en un plano de
evidente desigualdad, a los ciudadanos y a la clase política.
Así, no hay manera de recuperar la esperanza en que los
jueces cumplan escrupulosamente las funciones propias de su cargo, cosa
absolutamente perjudicial para la limpieza de su imagen, francamente
deteriorada por estas sentencias aparentemente arbitrarias que dejan en
libertad a encausados por delitos financieros que por sus actos parecen ser
merecedores de castigos mucho más ejemplares, que pudieran persuadir a otros de
embarcarse en aventuras delictivas de este corte y que, en cambio, confiados en
la impunidad de que gozan sus compañeros de fechorías, continúan evadiendo,
prevaricando y estafando, al amparo de unas leyes demasiado blandas con los
autores de estos hechos.
Mientras, las sentencias que desahucian a las familias que
por haberse quedado en paro, no pueden responder al pago de sus millonarias
hipotecas, siguen su curso provocando un dolor demasiado intenso en el pueblo
español, que no comprende que personas honradas sean empujadas a la calle,
mientras aquellos que aprovecharon los privilegios de sus cargos para jugar con
la hacienda pública o para enriquecerse a base de favores concedidos a gente
como los de la trama Gurtel, son sistemáticamente perdonados por la Ley, en un
terrible agravio comparativo con todos aquellos que no decidieron dedicarse
profesionalmente a la política.
Esto ha de cambiar necesariamente y de no hacerse con
urgencia, el distanciamiento que ya existe entre justicia y ciudadanía, terminará
por convertirse en una brecha insalvable.
Habrá entonces que reinventar un concepto de justicia que
revolucione todas las convicciones al uso y que partiendo de supuestos
diametralmente opuestos a los que nos han llevado a la situación que padecemos,
devuelva al redil a todos los que con su particular modo de hacer, colocaron en
tan deleznable lugar, la imparcialidad de los jueces.
La desilusión que recorre los pueblos y ciudades del país,
crece un poco más hoy, tras conocerse el contenido de esta nueva sentencia.
Al mismo tiempo, nos parece que el paso que se da en la
resolución sobre el ERE de Telemadrid, sí va por el camino correcto.
Cualquier persona medianamente inteligente tiene muy clara la
diferencia entre lo justo y lo injusto, aún sin haber estudiado nunca
Derecho.
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