Impunidad real

La epidemia de corrupción que viene afectando a este país durante los últimos años y que han propagado cientos de personalidades políticas de todo rango y condición, sirviéndose del dinero público para su disfrute personal y evadiendo a paraísos fiscales, a través de curiosos testaferros, la totalidad del montante de sus inmensas fortunas, ha traspasado todos los límites éticos y  morales que se podían imaginar, convirtiéndose en una reacción en cadena a la que se han ido sumando a diario más personajes relevantes, que en algunos casos han sido juzgados por la justicia, pero que en otros, permanecen en una especie de limbo, en el que parecen encontrar un reducto  de seguridad que les garantiza, no sólo continuar disfrutando de los privilegios de una buena vida, sino también, la certeza de que aunque fueran detenidos, nadie podría obligarles nunca a tener que devolver la totalidad de los bienes sustraídos y evadidos, a lo largo del tiempo.

Por muy alto que apuntemos en la escala social, nadie parece estar exento de caer en la tentación de llevar a cabo estas malas prácticas que nos perjudican a todos y ayer, OK Diario, publicaba unas grabaciones obtenidas en una reunión mantenida entre la que fuera calificada como “amiga especial” del Rey emérito, Corina, Villarejo y el que fuera Presidente de Telefónica, Villalonga,  en las que se habla abiertamente de que Juan Carlos poseía cuentas en paraísos fiscales, propiedades que había conseguido poner a nombre de la propia interlocutora, incluso sin su consentimiento e incluso del cobro de comisiones por pate del antiguo monarca en las obras de los trenes de La Meca,en  las que estaba implicado también Villar Mir, que se encuentra imputado por la justicia.

 Cuenta además  la ilustre amante que  Juan Carlos era la cabeza pensante del Caso Noos, en el que Urdangarín jamás se hubiera atrevido a dar un solo paso sin haber consultado antes al entonces Rey y que al verse de pronto salpicada por tal asunto y haberle increpado directamente sobre lo que le estaba ocurriendo, el Rey respondió literalmente con la frase “ la sangre pesa”, insinuando que efectivamente prefería verla imputada a ella, que a su propia hija y a su yerno.

No olvidemos que cuando sucedieron estas cosas el monarca gozaba de una total inviolabilidad y que por el cargo que ocupaba, no podía ser llamado ni imputado por la justicia, aunque el Juez Castro, que ya insinuó en su momento que para él quedaba clara su implicación, no tuvo a mano los medios que hubiera necesitado para intentar, al menos, hacer justicia.

Nos preguntamos con cierta curiosidad qué habrá pensado el Fiscal Horrach, cuando haya escuchado estas grabaciones y si será capaz de seguir manteniendo el argumento de la inocencia de la infanta Cristina, que le situó en el plano de una especie de abogado defensor y que le costó la enemistad con el juez instructor para siempre, ahora que se aportan estas pruebas que ya están siendo investigadas, para comprobar su autenticidad y en las que se deja meridianamente clara, no sólo la participación de la Infanta, sino también la de su padre, según cuenta en primera persona quién es esos momentos mantenía una relación íntima con el emérito.

Llegados a este punto y habiendo comprobado que durante todo el día de ayer, la casa real ha estado manteniendo un profundo y sospechoso silencio, no cabe, sino plantearse si estos hechos van a ser o no investigados por la fiscalía anticorrupción o si el que fuera durante casi cuarenta años Rey de todos los españoles, continúa, aun estando ya retirado, disfrutando del privilegio de poder actuar impunemente contra las leyes, incluso cuando sus acciones atentan directamente contra todos los ciudadanos.

Sumergidos en una burbuja inviolable que les salvaguarda indefectiblemente de todo aquello que pudiera perjudicarles de algún modo, los miembros de la realeza gozan incomprensiblemente del privilegio de ser intocables, cuestión que establece un terrible agravio comparativo con el resto de una Sociedad, a la que se le impone la obligación de aceptar como sistema de Estado a una Monarquía, que por las acciones llevadas a cabo por algunos de sus miembros, no merece siquiera, el más mínimo de los respetos.

La Ley, que ha de ser necesariamente igual para todos y que debe actuar de manera implacable en todos los casos, ciega ante el peso de los apellidos, los cargos y los rangos, no puede y no debe dejar pasar la ocasión de demostrar que su funcionamiento es impecable y tiene la obligación de investigar la certeza o no de las durísimas afirmaciones que se vierten, contra Juan Carlos, en  las grabaciones que estamos oyendo y actuar en consecuencia, aunque el implicado se llame Borbón y haya ocupado el trono del país, durante un largo periodo de tiempo.

Dejar pasar esta ocasión, sería como admitir ante los ciudadanos que hay una justicia distinta, según el caso que se dirima y también que para ciertas personas, es posible moverse en total impunidad, sea cual fuere la naturaleza de los delitos que cometan y aunque con ellos estén perpetrando una traición flagrante, a los principios que juraron cuando accedieron al cargo que ocuparon, ante todos los españoles.

A estas horas, en las que también nos enteramos de que Alemania concede la extradición de Puigdemont a España, por un delito de malversación, la noticia está sin embargo, en las oscuras andanzas del que fuera nuestro antiguo Rey y en conocer, en profundidad, hasta dónde habría podido llegar esta nueva trama de corrupción que hoy se descubre, cómo no, a través de la prensa, porque si los delitos de que se habla en estas cintas pueden probarse, quizá habría llegado el momento de preguntar a los ciudadanos, en Referendum, si la Monarquía debiera ser sustituida por una República.