Poco ha durado la alegría por la sentencia del caso Fitur,
que se ha empañado al conocer la noticia de que las fiscales que intentaban
acusar al Presidente de Murcia de corrupción, han recibido la orden tajante de
abandonar la investigación, provocando la ira de la mayoría de los Partidos
presentes en el arco parlamentario y la de los ciudadanos en general, que no
comprenden que estas injerencias en el trabajo judicial, puedan continuar
produciéndose.
Casi al mismo tiempo, un inspector de Hacienda
fundamentalmente dedicado a perseguir casos de corrupción, también en Murcia,
denunciaba que su domicilio había sido asaltado, sin que faltaran bienes
materiales de valor, lo que hace pensar que los ladrones iban buscando algún
tipo de información, sin que hasta el momento sepamos, si han logrado su
objetivo.
Estos hechos, que hacen pensar que se está tratando de dar a
la sociedad en general, una de cal y otra de arena, no ayudan en absoluto a
generar confianza en el buen funcionamiento de la justicia y pone en tela de
juicio la separación de poderes que debe existir, de manera clara y precisa, en
toda Democracia que se precie.
El halo de protección tejido alrededor de los políticos, en
cuanto a los delitos económicos se refiere y que resulta claramente visible
para los ojos de la gente corriente, en este País nuestro, no puede, sino
perjudicar la limpieza que debiera imperar en las Instituciones, provocando un
descontento general, que hace difícil la convivencia con nuestros propios representantes en el poder, dañando
considerablemente su imagen, de manera indiscriminada, aunque no todos sean
iguales, como cree mucha gente.
Se filtra hoy también que mañana se conocerá la sentencia del
caso Urdangarín, que todos esperamos desde hace mucho tiempo, ansiosamente y
aunque la tónica general es la de pensar que el cuñado del Rey, pagará con
cárcel, los delitos que presuntamente cometiera, se cree que la Infanta
conseguirá salir impune de las acusaciones que sobre ella pesaban, a pesar de
los denodados esfuerzos que hizo el juez Castro,por implantar una justicia
igualitaria, para todos los ciudadanos.
Si esto llegara a ser así, pensar que se ha hecho justicia,
en este emblemático caso de corrupción, que ha ocupado durante años las
portadas de todos medios, va a ser
sinceramente imposible, pues las pruebas que se manejaron durante el juicio,
las cuatrocientas famosas facturas que presentara Castro en su instrucción y la
actitud de laxitud demostrada por Cristina de Borbón durante todo este tiempo,
debieran haberse tenido en cuenta a la hora de sentenciar y no precisamente en
su favor, como todos nos tememos que pase.
La manía, muy generalizada, de adjudicar a la ciudadanía un
nivel de inteligencia muy por debajo del real, sacude también el enrevesado
mundo de la justicia, como si todos los casos de corrupción que hemos venido
conociendo a lo largo del tiempo, no hubieran despertado nuestro interés por
aprender el oscuro y obsoleto mensaje
utilizado aún en la judicatura, empujándonos a estudiar minuciosamente las
sentencias, para poder emitir un juicio sobre ellas, con cierto fundamento.
Nunca nos cansaremos de exigir nuestro derecho a conocer la
verdad y por tanto, que nadie espere de nosotros, a raíz de lo que está
sucediendo, ni un solo síntoma de conformismo o
de respeto.

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