Después de ocho meses de espera, la sentencia del caso Noos decepciona
profundamente a los ciudadanos, que esperaban, por la relevancia de los
personajes que aquí se juzgaban y su obligación de ser ejemplares ante la
Sociedad en la que viven, una condena contundente, en la que todo el peso de la
ley cayera sobre los culpables, para demostrar que a pesar de todas las
presiones que han existido, la justicia en España, ha de ser igual para todos.
En su lugar, casi toda la responsabilidad de los hechos termina
atribuyéndose al socio de Urdangarín, al que le cae una pena de ocho años de prisión,
frente a los seis que habrá de cumplir el cuñado del Rey Felipe, mientras que a
la Infanta Cristina, sólo se la condena a pagar una ridícula multa de 265.000
euros, exonerándola del cargo de complicidad que la acusación particular le
atribuía, en los negocios de su marido.
Como no podía ser de otra manera, también se absuelve a la
mujer de Torres, pues resultaría un agravio comparativo condenarla, mientras se
libera a la Infanta, saldando así uno de los juicios más polémicos de cuántos
se han celebrado en este país, por las características tan especiales que
presenta, en relación con otros.
Absolutamente insuficientes le parecen estas penas a la
ciudadanía, pues contribuyen al deterioro de la imagen que de la justicia se
tiene en la calle, dónde se piensa que a pesar de vivir en una Nación
democrática, aún se juzga en función de los apellidos o los cargos que ocupen o
hayan ocupado los imputados y que en innumerables casos, sale más caro cometer
un delito de robo en un domicilio particular, que saquear las arcas públicas
que son patrimonio de todos, a juzgar por la dureza de las sentencias.
No podemos, a raíz de conocer las condenas, sino acordarnos
inmediatamente del Juez Castro, que demostró una entereza incomparable en la instrucción
de este proceso y cuyo trabajo parece haber sido ignorado del todo por este
tribunal que hoy se pronuncia de manera tan leve, contra los imputados en este
juicio.
Todas las presiones que no consiguieron detener a este
defensor a ultranza de la justicia igualitaria y el tiempo que empleó en
presentar una instrucción impecable, que satisfizo totalmente las esperanzas de
que la ley fuera implacable con estos acusados, quedan ahora sin valor y
seguramente se convertirán en una curiosidad que en el futuro analizarán los
estudiantes de Derecho, para después decidir de quiénes deben o no aprender,
para que todo funcione mucho mejor, cuando les llegue su momento de enfrentarse
a casos como este.
Y mucho nos tememos, que cuando se resuelvan los recursos, que
con toda seguridad presentarán los abogados de los culpables y el caso llegue
al Supremo, las penas aún podrían ser rebajadas, demostrando que en este país
nuestro sale, pero que muy barato corromperse y llenarse los bolsillos con el
dinero que se obtiene de los impuestos que escrupulosamente pagamos todos los españoles,
a los que Hacienda no perdona ni un solo
céntimo , en su declaración anual y a los que persigue sin piedad, quizá porque
no pertenecen a familias de rancio abolengo.
Al final, las tesis del fiscal Horrach se han impuesto sobre
las del juez Castro, poniendo de manifiesto que hizo muy bien en no implicarse
en este incómodo asunto, aunque hubiera sido su principal obligación, por la
naturaleza de su cargo.

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