La fábrica de mártires que se está creando a la puerta de los
juzgados en Cataluña, con toda su parafernalia de banderas, himnos y
reivindicaciones independentistas coreadas por el numeroso público que acude
como acompañamiento de los que son citados a declarar, no hace, sino reforzar a
los ojos de muchísimos de los ciudadanos que residen allí, la idea de que el
Gobierno español ha encontrado en la vía conspirativa, un camino para maquillar
su probada incapacidad para el diálogo y la diplomacia y un modo de ir
frenando, al menos de momento, la celebración de un Referendum que conseguiría
aclarar, de una vez, lo que verdaderamente piensan los catalanes en edad de
votar, sobre este asunto, cada vez más
enrevesado y violento.
Si bien es cierto que durante quizá demasiado tiempo,
destacados miembros del estado español han actuado en la sombra, intentando
encontrar alguna conexión de los más famosos independentistas con algún tipo de
delitos, reales o inventados, con los que poder negociar en la intimidad, una
salida airosa para los dos principales protagonistas del litigio, tampoco se
puede negar que muchos de los que fueron y son aún en la actualidad dirigentes
de la antigua Convergencia y Unió, se encuentran inexorablemente ligados a
ciertos asuntos de corrupción, que curiosamente se parecen demasiado a los que
se han venido descubriendo sobre el cobro de comisiones en el PP y que parecen
haberse gestionado, de la misma manera que en el muy denostado Estado español,
en la trastienda de la sede de este antiguo Partido.
No cabe ninguna duda de que la familia Pujol podría
considerarse, al completo, un presunto ejemplo de tales prácticas y no porque
los fiscales españoles, a los que últimamente se zarandea como a muñecos de
feria, hayan confabulado para inventar tales historias, sino porque los
maletines que se movían entre Andorra y Cataluña y los negocios relacionados
estrechamente con el clan en cuestión, eran reales y profusamente comentados
desde que hace veinte años Pascual Maragall se atreviera a hacer referencia al
cobro del tres por ciento, desde su asiento en el Parlament.
Los ciudadanos, catalanes y españoles indistintamente,
estamos por desgracia, muy acostumbrados a ver a cómo se fabrican continuamente
cortinas de humo para ocultar las vergüenzas de nuestros impresentables
políticos y también a que frecuentemente se haga uso de una exacerbada
españolidad o de un deseo ferviente de independencia, para tratar de conseguir
que las masas se enardezcan pensando ingenuamente que defienden un ideal,
cuando realmente, están simplemente ayudando a enterrar bajo el manto del
nacionalismo, la corrupción que se mueve impunemente, por toda la geografía de
la península.
Así que las acusaciones mutuas y las salidas de tono de unos
y otros, ni nos extrañan, ni nos conmueven en absoluto, porque en realidad,
hace tiempo que aprendimos, muy a nuestro pesar, que el dinero que desaparece
por arte de magia en manos de los presuntos corruptos, en España o en Cataluña,
no suele regresar a las arcas de los Estados, estén presididos por la bandera
roja y gualda o por la señera.
Que el Gobierno de Mariano Rajo y sus socios de
Ciudadanos están fomentando este
sobrevenido martirologio de Mas, Homs y todos aquellos que se señalaron sacando
las urnas de cartón a las calles el nueve de noviembre es un hecho, pero
créanme, ni el hecho de creerse mártir garantiza la plena inocencia, ni por
creer que se es, se tiene derecho a ser perdonado, si llegara a probarse la
existencia de según qué delitos.
Vaya por delante que el respeto a la libertad de expresión ha
de estar obligatoriamente garantizado en todo Estado de Derecho y que no parece
oportuno, en el asunto catalán, tratar de utilizar como medidas disuasorias,
únicamente, las relacionadas con la
justicia, pero es ineludible pararse a separar de manera clara y concisa
todo aquello que tiene que ver con el tema
de la independencia, de las graves
sospechas de corrupción que recaen sobre algunos de los miembros de Junts pel
sí y no hacer, de una y otra cuestión, una maraña imposible de desenredar, para
que no queden al descubierto oscuros asuntos que efectivamente podrían enturbiar
y mucho, el prestigio que pretenden tener, muchos de los que lideran el
movimiento separatista.
En dos palabras, el que haya delinquido, que pague. En
Barcelona, en Madrid, en Sevilla, en Valencia o en el último pueblo de la
provincia más olvidada de este variopinto territorio en el que todos vivimos y
una vez que haya asumido su culpa, si la tuviere, que cumpla escrupulosamente
su sentencia.
No sé yo si las notas de Els Segador, también acompañarían a
esta gente, si es que entraran en los juzgados, acusados de haberse apropiado
del dinero de los catalanes a los que tanto defienden.

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