Misión imposible

Parece quedar del todo claro que mientras el Partido Popular permanezca en el poder, acabar con la corrupción protagonizada por políticos se convierte en una especie de misión imposible, pues son tantos los obstáculos y subterfugios que se improvisan, cada vez que la Ley trata de cazar a alguno de estos ilustres delincuentes, que de no ser por la prensa, ni siquiera nos enteraríamos y la mayoría de las veces, estas informaciones quedarían sepultadas bajo una gruesa capa de maquillaje profesional, quedando totalmente impunes, estos delincuentes de nuevo cuño.

El trabajo que supone llegar a poder imputar a los sospechosos de estos delitos, cuando se trata de cargos de altura del propio PP, es tan costoso para los encargados de administrar justicia, que la sospecha de que verdaderamente existen fehacientes injerencias en los asuntos judiciales, por parte de los poderes políticos y de los gobiernos en particular, a pesar de constituir sólo una presunción, da la impresión de ser tan real, como que todos estamos aquí, en este preciso momento.

Lo que está ocurriendo con el Presidente de la Comunidad de Murcia, clama al cielo y la noticia de que las fiscales encargadas de investigar este caso han sido severamente amonestadas por sus superiores e invitadas amablemente, poco menos que a mirar hacia otro lado, no hace, sino alimentar la teoría de que cuando se topan con delitos económicos, realmente no existe la libertad de actuación necesaria, para que los profesionales puedan ejercer , sin cortapisas, su labor, quedando maniatados, a merced de las órdenes que llegan, supuestamente, desde arriba.

Los robos de domicilios, ordenadores y despachos en estos últimos días, que han puesto en alerta a todos los que por su trabajo guardan algún tipo de relación con estos casos, no pueden, sino crear una duda razonable en una ciudadanía, atónita ante lo que está ocurriendo y que además, tras la reciente sentencia del caso Noos, va perdiendo paulatinamente la poca fe que le quedaba, en el funcionamiento de la justicia.

Y luego está, la reticencia a expulsar de sus cargos a los que por razones que después casi siempre acaban demostrándose, son o van a ser, imputados por la justicia, como si el hecho de ser nombrado o elegido para ocupar un puesto de relevancia en las Instituciones que entre todos costeamos, llevara inherente una cláusula en la que se aseguran los cuatro años que dura el mandato, sin que importen las acciones que se atrevan a cometer, los individuos de quiénes se habla.

No va a quedar más remedio que pensar que esto de dedicarse a la política, es el chollo perfecto, ya que se practique la honradez, o desde el primer momento, se cruce la línea de la delincuencia, la permanencia en el cargo para el que uno es designado queda asegurada por igual y sólo una condena en firme, daría lugar a la expulsión, a regañadientes, del Partido y de la política.

Muchos de los casos que hemos conocido últimamente, son la prueba evidente de que esto es cierto y en algunos de ellos, hasta hemos tenido que soportar la victimización de algún que otro encausado, en un intento de provocar, en los informadores y en la ciudadanía, una crisis de culpa, que en absoluto es admisible, pues los delitos quedaron probados de sobra, en el transcurso de los procesos.

Así que mucho nos tememos que esta estela de impunidad que ampara a los presuntos delincuentes económicos, a los blanqueadores de dinero y a los evasores de impuestos, de corbata y chaqueta, es una plaga que a la vista de lo que ocurre a diario a nuestro alrededor, más que mermar, irá creciendo, al menos, hasta que llegue algún Partido menos preocupado por librar sus propias luchas internas y más interesado en apear del poder a Mariano Rajoy, bajo cuyo mandato suceden todas estas cosas que hoy les contamos y que no tienen viso de erradicarse, porque la vida, para los políticos conservadores, es simplemente, bella.