Denunciando injerencias

A raíz de ser destituido el fiscal de Murcia,  López Bernal, que investigaba los asuntos de corrupción relacionados con el actual Presidente de esa Comunidad, se atreve a hacer unas declaraciones en las que denuncia la intimidación que han sufrido, él mismo en primera persona y algunos otros compañeros, refiriendo literalmente, que los fiscales son en la actualidad más perseguidos que los delincuentes y poniendo en cuestión los robos sufridos en sus domicilios particulares por varios cargos relacionados directamente con los delitos económicos presuntamente cometidos por políticos, haciendo alusión a una clara injerencia de los poderes en el campo de una justicia, en la que los ciudadanos han perdido en la actualidad, toda su confianza.

Nunca sabremos si esta destitución tiene que ver con la imputación del Presidente Murciano, que declarará ante el Juez, el próximo 6 de Marzo y aunque los Partidos tradicionales no se atreven a hablar de purgas, como han hecho recientemente en el caso de Podemos, sí que se adivina detrás de este cese fulminante, un intento de presionar para que los encargados de representar el papel de acusadores directos en este tipo de casos, se relajen en su labor, restando importancia a esta plaga casi imposible de combatir, que tanto indigna por cierto, a la totalidad de los ciudadanos.

Ya hemos dicho muchas veces que es del todo imprescindible que los encargados de administrar justicia, puedan hacerlo, en todos los casos, con absoluta libertad y estas gravísimas acusaciones que hoy vierte López Bernal ante los medios, no hacen, sino demostrar la imposibilidad que tienen estos trabajadores para llevar a cabo la que sería su principal obligación, retrasando sine die, la necesaria limpieza de delincuentes económicos que azota este país y que parece crecer a diario, sin que se tenga la sensación real de que son castigados por sus imperdonables delitos.

En estos tiempos convulsos, en los que se han hecho patentes las enormes brechas que separan a las clases sociales que forman nuestra Sociedad, tener la sensación de estar indefensos cada vez que un político es imputado por corrupción, parece estar convirtiéndose en algo habitual e incorregible y parece ser casi una broma macabra, cuando se niega cualquier atisbo de piedad, por ejemplo, a las familias que no pueden hacer frente al pago de las mensualidades de sus hipotecas y son desahuciados violentamente de los que eran sus domicilios.

Este agravio comparativo, que seguramente sería factible de ser denunciado, por lo flagrante que resulta la diferencia de trato entre ciudadanos que forman parte de la misma Nación, es sin embargo, contemplado estoicamente  por la mayoría de los Partidos políticos que ocupan las bancadas del Congreso, ya que se afanan inaceptablemente en defender la inocencia de sus compañeros imputados, procurando al mismo tiempo, eternizar la búsqueda de una solución para los problemas que padecen los ciudadanos de manera directa.

Huelga aclarar que entre las obligaciones de estos supuestos representantes a los que entre todos elegimos, a través de nuestros votos, no está la de salvaguardar el honor de ninguno de los presuntos delincuentes y menos aún, el de aquellos que habiendo sido condenados por la justicia, se aferran al puesto que ocupan, con la aquiescencia de las cúpulas directivas de las Formaciones a las que pertenecen, como si el dinero público se recaudara para ser necesariamente desviado, hacia las cuentas particulares de estos ilustres forajidos.

Acabamos de conocer que finalmente Urdangarín no pisará la cárcel y que ni siquiera tendrá que depositar ningún tipo de fianza para continuar en libertad y además, residiendo en Ginebra. No cabe otra que reflexionar sobre lo barato que sale llenar los bolsillos con capitales que a todos nos pertenecen y que no es de extrañar que cualquiera que ocupa un cargo caiga en la tentación de imitar estas malas conductas, porque la impunidad parece estar asegurada, sobre todo si se procede de una familia de rancio abolengo.

La indignación mayúscula que en estos momentos sacude las conciencias de los ciudadanos y que terminará por aplacarse, aunque el escándalo no puede ser más evidente, habrá que concluir que no sirve absolutamente para nada y no pasará mucho tiempo para ver cómo se van librando del peso de la Ley, uno a uno, todos estos mal nacidos que carecen de todo atisbo de solidaridad con el resto de los españoles.