Desatando mordazas

Finalmente, los ocho sindicalistas de Airbus, que eran juzgados por su participación en una huelga en la que se produjeron ciertos disturbios a las puertas de la Empresa en Getafe, son absueltos en primera instancia por el Juez, que no encuentra pruebas suficientes de su participación en los hechos, saldando así uno de los episodios más vergonzosos de los últimos tiempos, en el que se cuestionaba tácitamente el derecho de huelga de los trabajadores, e incluso su libertad de expresión y manifestación, convirtiéndolo en un ejemplo de lo que se podría considerar delito, según la llamada ley mordaza.

Muchas han sido las voces que se han alzado en contra del enjuiciamiento de estos trabajadores, cuyas acciones no diferían en nada de las que suelen producirse en el transcurso de cualquier huelga y que sin embargo, según la nueva ley aprobada por Rajoy, podrían equipararse, por ejemplo, con un delito de tráfico de drogas, teniendo en cuenta que la fiscalía pedía para los acusados la misma cantidad de años que le corresponderían a un traficante, si su culpa fuera probada.

De todos es sabido que el PP, durante el transcurso de la pasada legislatura, se ha esforzado titánicamente en cambiar todas aquellas leyes que respetando las libertades de los ciudadanos, ponían en evidencia la oposición latente en las calles hacia sus políticas de recortes y que Rajoy y los suyos se han empeñado en llevar a cabo una reforma total en este campo de la justicia, con la única intención de acabar de alguna manera con cualquier tipo de protesta, aunque se hiciera pacíficamente.

 Muchas veces hemos visto a Soraya Sainz de Santamaría y a otros ministros criticar abiertamente los escraches protagonizados por los ciudadanos, o las multitudinarias manifestaciones ocurridas, casi a diario, durante toda la legislatura y que han sido, en todos los casos, reprimidas con extrema dureza, llegando a comparar a los  que participaban en ellas, como peligrosos elementos anti sistema, cuya única intención parecía ser intentar derribar al gobierno, sin importar los medios empleados para hacerlo.

Periódicamente, se ha prohibido que los ciudadanos se acercaran al Congreso, que pudieran increpar a los dirigentes populares si se los tropezaban en las calles, e incluso que reclamaran dentro de los bancos el montante que les habían sustraído, por medio de las preferentes, que se opusieran a los desahucios o a la privatización de hospitales y escuelas y hasta que lucharan por que se aumentaran los fondos destinados a la investigación médica, como si cualquier acto organizado para protestar, se convirtiera en una especie de subversión colectiva, constituyente  de delito.

La sentencia absolutoria de los sindicalistas, empieza a colocar en su sitio la sinrazón que vetaba ciertos derechos y viene a decir, alto y claro y en contra de la opinión del PP, que en cualquier país democrático y en el nuestro también, la huelga es considerada como legal y que los que participan en ella, pueden hacerlo en plena libertad y seguros de no estar traspasando ninguna de esas líneas rojas, que sólo para  quien tergiversa la realidad, son evidentes.

Mucho empeño se ha puesto en castigar este tipo de acciones relacionadas con la libertad de expresión y muy poco en reprimir los indescriptibles abusos que innumerables cargos del PP han venido llevando a cabo mientras participaban en sendos casos de corrupción, sin que nadie haya aún asumido, responsabilidades políticas, por ellos.

La Púnica, La Gurtel, la trama Valenciana y otras muchas más, parecen ser percibidas por los que nos gobiernan, como asuntos personales que no atañen, siquiera, a la imagen de su partido, a pesar de que constituyen la peor perversión de cuántas pudieran imaginarse, pues estafan los recursos de todos, en muchos caso, con total impunidad, como demuestra que aún estén en la calle, ciertos imputados a los que no se termina de juzgar nunca y que hasta llegaron, en otros momentos, a ocupar ministerios.