El ministro de Justicia; Rafael Catalá, amenazó ayer tarde
con imponer fuertes sanciones a la prensa que publicara nombres de personas
presuntamente relacionadas con casos de corrupción, atacando directamente el
derecho a la libertad de expresión de que ahora disfrutan los medios en nuestro
país, gracias al cual, han sido destapados casi todos los grandes delitos
fiscales cometidos en los últimos años.
En un nuevo intento por manipular el tipo de información que
reciben los ciudadanos a través de la prensa, el PP vuelve a demostrar su
interés en ocultar de la manera que sea todo aquello que pueda constituir un
peligro para su permanencia en el poder y lleva al límite, con esta propuesta,
uno de los principios fundamentales de la Democracia, haciendo parecer a la
nuestra, una República bananera, de esas que tanto critican en sus mítines,
cuando se refieren a Partidos como Podemos.
La tormenta mediática que se ha levantado a raíz de estas
declaraciones no se ha hecho esperar y aunque se intuye que todo se encuentra
estrechamente relacionado con la ya tristemente famosa lista de los
setecientos, el rechazo a que la censura pudiera ser implantada de nuevo en una
España que ya padeció sus nefastos efectos durante los cuarenta años del
franquismo, ha sido inmediatamente expresado por todos los medios en general,
que además, se han aventurado a pedir, casi en bloque, la dimisión del
Ministro.
Claro que implantar una censura en los tiempos que corren,
iba a resultar al PP una ardua labor casi imposible de conseguir, si se tiene
en cuenta la enorme influencia que tiene la red en el mundo, pero el mero
atrevimiento de pronunciarse a favor de una inaceptable medida como esta, no
puede por menos que poner en alerta a toda la Sociedad general y muy
particularmente, a todos los profesionales que se dedican al periodismo de
investigación, sin cuyo inestimable esfuerzo, no se habrían conocido muchos de
los casos de corrupción en los que se encuentran implicados innumerables cargos
políticos.
El escándalo que podría provocar una medida como esta y el
perjuicio que podría ocasionar a la limpieza con la que aún se mueven
determinados medios, hace imprescindible que no pase un solo momento sin que a
Catalá se le exija una inmediata rectificación de sus declaraciones, ya que
resulta prácticamente imposible conseguir su dimisión, como sería para todos,
deseable.
Si Rajoy se encuentra o no detrás de esta absurda pretensión,
es una duda que nos gustaría resolver a la mayor brevedad posible, pero es de
suponer que cuando un Ministro de atreve a pronunciarse en este sentido,
precisamente ante los mismos medios a los que pretende amordazar, ha de contar
necesariamente con el apoyo de todo el Gobierno y muy particularmente, con el
de su Presidente.
Que el PP ha tratado reiteradamente de ir anulando derechos
fundamentales para la ciudadanía, no es ningún secreto, sobre todo después de
que empezara a aplicar sin demora la denominada Ley Mordaza, que ataca
duramente a la libertad de expresión de unos ciudadanos profundamente
indignados con la labor desarrollada por el Gobierno, pero dar el paso de
mutilar la información del modo que les parezca oportuno para evitar que vean
la luz delitos contra una Hacienda Pública que representa el patrimonio de
todos los españoles, cruza todos los límites de la legalidad que hasta ahora
conocíamos y empieza a transformar esta maltrecha Democracia nuestra, en un
feudo exclusivo en el que impera el despotismo de un Partido Político que cada
vez se asemeja más a un sindicato vertical promovido por una Dictadura maléfica.
En defensa de mi propia libertad, primero, y principalmente
por la de todos los españoles, yo sí, pido desde esta humilde página la
inmediata dimisión de Catalá y una explicación ante los medios del Presidente.
Quiéralo o no el PP, la prensa acabará publicando la lista de
los setecientos y entonces veremos, qué interés se escondía en la intención de
evitar a toda costa su exhibición ante la Sociedad y qué nombres trataban de
guardar tan celosamente, todos los miembros de este Gobierno.
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