Mientras los ciudadanos españoles pagaban religiosamente y de
manera ineludible las consecuencias de la mala gestión política de la crisis y
del rescate encubierto que le fue concedido a Rajoy para rescatar a la Banca,
mas de setecientas personas, de las consideradas públicamente relevantes, se
acogían a la Amnistía fiscal aprobada por Montoro, con la intención de
blanquear unos fondos que todos ellos tenían depositados fuera de España.
Esas setecientas personas, entre las que se encuentra Rodrigo
Rato, por ejemplo, están siendo ahora investigadas por considerar los
inspectores de Hacienda que podrían ocultar otras muchas irregularidades muy
estrechamente relacionadas con la voluntad de defraudar, aunque de momento, se
nos hurte la posibilidad de conocer quiénes son y qué puestos o cargos ocuparon
u ocupan, en las Instituciones más importantes del País.
Calla el Ministro, alegando que le está prohibido hablar de
ningún contribuyente, olvidando quizá que durante toda la legislatura Popular,
ha venido reiteradamente aludiendo a determinadas personas que no pertenecían,
desde luego, a su cuerda política y no ha demostrado ningún pudor al referirse
a las cuentas ilegales que poseía en Andorra la familia Pujol o a la
irregularidad, después subsanada, que había cometido al declarar ante Hacienda,
el señor Monedero.
También ha solido citar al conjunto de los actores y
cantantes españoles como defraudadores natos y en más de una ocasión, se ha
quejado amargamente ante la Cámara, de que no pagaran sus impuestos en el país
y en cambio lo hicieran en otras latitudes, mucho menos exigentes con las
cantidades, como es conocido.
Por qué evita Montoro mencionar a estos setecientos
investigados y por qué rehúye, como si de la peste se tratara, de las preguntas
de los periodistas, sólo puede tener una explicación y ésta es que muchos de
los nombres que aparecen en esa lista, pertenezcan a vips afines o militantes
del Partido Popular, lo que generaría para esa Formación, un enorme y
definitivo perjuicio.
Olvida el Ministro, que al igual que Hacienda tiene sus
métodos para investigar este tipo de corrupción tan extendida en los últimos
tiempos, también la prensa cuenta con profesionales de altísimas capacidades y
un sinfín de fuentes de total fiabilidad que tarde o temprano terminarán por
descubrir y publicar hasta el último de los nombres que figuran en esa lista.
Pero el agravio comparativo que establece el gobierno de
Rajoy entre estos delincuentes de guante blanco y los sufridos ciudadanos de a
pie, a los que se les exige cumplir hasta las últimas consecuencias con la
Hacienda Pública, resulta ser, al menos, del todo imperdonable y constituye, en
sí mismo, una de esas atrocidades incomprensibles, cuya práctica ha instaurado
el PP, a lo largo de toda la trayectoria de su mandato.
Guardar las vergüenzas de los defraudadores con tanto ahínco,
evitar que la Sociedad conozca quiénes son de manera absolutamente consciente,
debería ser, si no los es ya, una forma tácita de complicidad con esta especie de delincuencia organizada
que se ha convertido en una plaga devastadora para unos recursos que son de
todos y dice mucho de cómo puede ser, a nivel personal, quien se preocupa más
de proteger a las élites corruptas que a los ciudadanos que le otorgaron su
confianza, mediante su voto y que continúan, muy a su pesar, teniendo que
pagarle su inmerecido sueldo.

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