Otra nueva tormenta

Por fin, la juez Alaya se decide a solicitar la imputación de los ex Presidentes de la Junta de Andalucía, Chaves y Griñán, en el caso de los ERE, que al ser aforados quedan fuera de sus competencias judiciales, aunque les sugiere que pueden presentarse ante ella, de manera voluntaria, si tienen a bien aclarar lo que la induce a considerar su implicación en los hechos.

El camino que estaban tomando los acontecimientos, quedó claro en el mismo momento en que Griñán presentó su dimisión del cargo que ocupaba, aunque ya se sabe que cuando uno se ve forzado a marcharse por el motivo que fuere, siempre se acaban alegando razones carácter personal de las que no es preciso dar explicaciones, aunque la verdad sea otra bien distinta y casi siempre termine por aclararse.

Si es cierto que los ex presidentes consentían los desmanes que protagonizaban algunos de sus subordinados, empleando capital que estaba destinado a los parados, para pre jubilar a una serie de personas que jamás habían trabajado en las empresas que se acogían a los ERE, el delito que apoyaron con su silencio quedará en los anales de la historia andaluza como uno de los más deleznables cometidos jamás por quienes diciendo que son socialistas, no se ocupan de favorecer precisamente a los que más lo necesitan y si a elementos que, teóricamente, apoyaban su ideología, aunque con sus actos demostraban un desconocimiento total de la misma.

 Esta nueva tormenta, que de seguro dará alas a la derecha para desviar la atención del caso Bárcenas, coloca a un pueblo español acostumbrado  únicamente al bipartidismo, en un punto en que la desconfianza en los grandes partidos hace imposible creer una sola palabra de los discursos que nos ofrecen, obligándonos cuando lleguen las elecciones, a pensar en nuevas alternativas políticas, a ser posible, que nada hayan tenido que ver con la corrupción que se ha convertido en costumbre y de la que es prácticamente imposible deshacerse, si la justicia no actúa con contundencia y prontitud contra todos los implicados, sea cual sea su cargo o índole.

¿Es posible que en este País no quede nadie dispuesto a presentarse a un cargo público, si no es esperando obtener cuantiosos beneficios de su gestión, sea por la vía que sea y sin importarle incurrir en delito?

¿Es que la idea de democracia ha sido asesinada por los ansiosos de poder, quedando reducida a la anécdota que, históricamente, representan treinta años de nuestras vidas?

¿Y el altruismo que caracterizaba a quienes, por mera ideología, estaban dispuestos a dar, incluso la vida, por instaurar este sistema cuando el azote de la Dictadura nos robaba hasta el derecho a pensar y la libertad era un ente de valor incalculable que ansiábamos, pensando que sería para siempre?

Solo la sencillez del hombre de la calle supone una esperanza de que no todo está perdido y la idea de que quienes se dediquen a la política debieran hacerlo sin salario ni acceso a capital alguno, va ganando adeptos  cada vez que conocemos una nueva historia en la que alguien sucumbió a la tentación que ofrece tan fácilmente el poder, perdiendo incluso la dignidad, para convertirse en delincuente.