Delitos...y delitos

Uno tiende a pensar, cuando vive en un País democrático, que el código penal ha de determinar, necesariamente, penas iguales para iguales delitos y que del mismo modo, el protocolo a seguir durante la investigación de los mismos y los plazos establecidos para su prescripción, han de ajustarse a lo que dicta la ley, sin que pudieran existir abismales diferencias, si los actos delictivos se producen en uno u otro ámbito de la sociedad en que vivimos.

Pero he aquí, que al ser las leyes redactadas y aprobadas por políticos, establecer ventajas para aquellos que forman parte de su misma profesión, se convierte en una forma de corporativismo   encubierto, que ata de pies y manos a los encargados de aplicar justicia, a causa de los enormes contrastes  decretados, siempre a favor de la élite privilegiada que se asienta a perpetuidad en los entes públicos.

Lo entenderán con facilidad con un simple ejemplo.

Si usted o yo adquirimos una deuda, pongo por caso hipotecaria y por las razones que fueren nos es imposible, en un momento determinado, responder a ella, incurriremos inmediatamente en un delito de impago que sin mucho tardar, traerá consigo un desahucio, tras el cual, seguiremos manteniendo la deuda por un plazo de veinte años, hasta que nuestro delito prescriba, como marca la ley en este País y tantas veces hemos podido comprobar, in situ, en los últimos tiempos.

Pero si un Partido político que se nutre de elevadas subvenciones procedentes de las arcas públicas, malversa, acepta donativos millonarios de manera ilegal, o se niega a presentar sus cuentas, incurriendo en una deuda de la categoría que sea con Hacienda, el plazo de prescripción de dicho delito es de SEIS MESES y nada se podrá hacer contra él pasado dicho plazo, quedando en absoluta impunidad el acto cometido, ascienda a lo que ascienda el montante de la deuda y elévese a lo que se eleve el total de lo malversado, sin importar el uso que se haya dado al dinero, o el destino en que el mismo se encuentre.

Con tal descaro está escrito el código penal de esta Nación, a pesar de establecer un inmenso agravio comparativo entre los ciudadanos que la formamos, simplemente vinculado a la profesión ejercida por los individuos y sin atender a causas mayores en el caso de quienes no formamos parte del mundo de la política, que por cierto es directamente culpable de la mayoría de los motivos que han venido provocando últimamente, el endeudamiento de las familias.

Me pregunto si los desahuciados tendrán la oportunidad de recurrir sus sentencias, apoyándose en el argumento de este agravio, pudiendo exigir esa igualdad ante la ley que preconiza nuestra Constitución y obligando a los jueces a fallar a su favor, precisamente por esta causa.

Pero mucho me temo que no. Que mientras nuestros pisos pasan a ser propiedad de los bancos a quienes debemos el dinero, por haber perdido el empleo, las sedes de los Partidos deudores de cantidades millonarias, continuarán siendo, sine die, propiedad de sus privilegiados dueños y casos como el de Bárcenas u otros similares, quedarán al final, a causa de estas prescripciones semestrales, en agua de borrajas.