Cambio de papeles

La postura de los fiscales españoles, en cuanto a los delitos económicos se refieren, está siguiendo una línea unánime de suavidad, que escapa a cualquier razonamiento lógico que tenga que ver con lo que sería su primordial labor, es decir, ayudar a los jueces ejerciendo denodadamente la acusación, contra los imputados en estos casos.

Pero últimamente y sobre todo cuando los que han de sentarse en los banquillos proceden de la clase política, de la Banca o de la nobleza y a pesar de que aparentemente las pruebas, no dejan lugar a dudas sobre la implicación de ciertas personas en determinados asuntos, parecen haber decidido cambiar los papeles con los abogados de la defensa y nunca encuentran indicios suficientes para que llegue a juzgarse a quienes, presuntamente, han evadido grandes cantidades de dinero, defraudado a la hacienda pública, o como en el caso de Blesa, gestionado de forma desastrosa entidades financieras, que han costado al país la decisión de tener que pedir un rescate, para remediar el enorme agujero que han dejado, tras su paso por ellas.

Este cambio de rol, que debe parecer a los jueces que traspasa todas las normas de la justicia, no contribuye en nada al esclarecimiento de la verdad y fomenta en la población la idea de que no todos somos iguales ante la Ley, por mucho que nuestra Constitución lo propugne.

Gente que debía estar bajo arresto y que podrían desaparecer de España en cualquier momento, si las cantidades que se manejan son ciertas, campan alegremente por el territorio patrio presumiendo de una impunidad, que más que disuadir a otros posibles defraudadores de cometer delito, alienta a muchos que jamás se hubieran atrevido, de otro modo, a cometerlo, pero que por lo que ven, saben a ciencia cierta que aquí y ahora, no les pasará nada.

La tentación de enriquecerse con prontitud, sea cual fuere el origen de hipotética fortuna, puede asaltar a todo aquel que por su profesión, se encuentra en contacto directo con jugosos capitales y nadie está libre de sufrirla si, como está ocurriendo, la ilegalidad de estas acciones casi nunca llega a probarse y los autores de las mismas, ni siquiera llegan a entrar en las salas de juicio, al tropezar continuamente los magistrados, con el muro inexpugnable de las fiscalías.

Pero es que los dineros de que estamos hablando eran en su totalidad, dineros de todos, que procedían de una Hacienda  a la que religiosamente contribuimos, queramos hacerlo o no, con la supuesta intención de que lo recaudado irá a parar indefectiblemente a fines que procuren el bien de la mayoría y no un tren de vida suntuoso para unos pocos, como viene ocurriendo ante nuestros ojos, sin que se consiga siquiera, una condena ejemplar, drástica y contundente, que coloque a estos individuos fuera de la circulación, por muchos años y sin privilegio penitenciario alguno.

Y da igual si es ejecutivo de un Banco, Ministro, Concejal de un Ayuntamiento o Infanta de España.

Vuelvan pues los fiscales a su faena de acusar y niéguense en redondo a presiones políticas, devolviendo a su profesión la dignidad que le roban cada vez que ceden en un caso de estas características. Nadie son ellos para interpretar la ley, sino para aplicarla, en estricto cumplimiento de su función y en apoyo de la buena disposición de los jueces a esclarecer los hechos, porque de otro modo, no hacen otra cosa que obstaculizar el funcionamiento de la justicia y dejar en los ciudadanos el regusto amargo de una manifiesta desigualdad, precisamente cuando más necesitados están de creer al menos, que alguien vela por el cumplimiento cabal de nuestras leyes.