Contradiciendo a todos aquellos que sostienen que de nada sirve a los pueblos salir a las calles para reclamar sus derechos, los portugueses acaban de comprobar en carne propia, que cuando arrecia el temporal, no hay mejor remedio que combatirlo con todas las fuerzas de que se dispone y no dejar que los elementos acaben llevando a la deriva un barco, gobernado por la ineptitud de algún mal timonel.
En peor circunstancia que nosotros, tras haber comprendido que las exigencias pedidas a cambio del rescate sí que repercuten, y gravemente, sobre el bienestar de los ciudadanos, haciendo un ejercicio de valentía bastante propio de quién ya nada tiene que perder, la sociedad lusa se ha tirado a la calle y se ha mantenido en ella sin rendición, a lo largo de varios días, hasta conseguir que su gobierno haya dado marcha atrás en la dureza de los recortes que ahora preparaba para satisfacer a la usura europea y por vez primera, desde hace mucho tiempo, se ha plantado cara a los todopoderosos, propinándoles una sonora bofetada, en sus sanos y lustrosos cachetes.
Basándose en la experiencia española del 15M, que ya consiguió bastantes adeptos, a partir de su creación, en el país vecino, las constantes agresiones sufridas por la ciudadanía desde que se produjo la petición de rescate y que resultan ser muy similares a las que se nos ha obligado a ir aceptando a los españoles, han tocado fondo acercando peligrosamente a una inmensa mayoría al límite de la pobreza y aún se reclamaba más, ignorando olímpicamente los límites de la avaricia y la decencia.
Para los agoreros que desde los púlpitos del poder siempre se declararon partidarios de no hacer concesiones en su línea de actuación y defendieron que estaban haciendo en todo momento, ”lo que había que hacer”, éste ha debido ser un revulsivo que desbarata la arraigada teoría del colaboracionismo con los fuertes del Continente y que pone en cuestión la proclamada inutilidad de la resistencia, como modo de conseguir abrir un camino distinto, para lograr un fin mejor para todos.
Yerran y mucho, los gobiernos que se consideran intocables y que confían en su perpetuidad por el mero hecho de haber obtenido un amplio triunfo electoral en las urnas, en un momento determinado de la historia, y que después hacen de su victoria un parapeto en el que encriptar sus decisiones, tomadas en contra de la voluntad popular, en un gesto de pura traición a las layes de toda Democracia.
Gobernar sin oír atentamente las voces de la ciudadanía, acaba por pasar facturas de alto coste a quien se atreve a llevarlo adelante y termina por condenar al ostracismo político a los protagonistas de tan descabellada historia, sin volver a conceder jamás otra oportunidad a la fuerza de la que provengan.
Falso es que nada importe que una nación completa tome las calles exigiendo el respeto de sus derechos, pues el miedo, desgraciadamente, suele ser un sentimiento inherente a la raza humana y no hace concesiones cuando se ha de mirar de cerca, ni a políticos, ni a nadie que conserve un ápice de cordura, por muy firme que sea la convicción que lo mueva, o la fe que le asista.
Por otra parte, la función primera de un político ha de ser, sin ningún género de duda, conseguir lo mejor para la mayoría de su pueblo y esto ha de conllevar necesariamente poner por delante los intereses de su propio País, a cualquiera que beneficie los de otro territorio, cuánto más, si se apela, como es costumbre mayoritariamente conservadora, a las connotaciones de la palabra patria, que tan hondo sentimiento despierta, sobre todo cuando hay que defenderla frente a los enemigos.
Y digo bien, porque en los tiempos que vivimos, puede que las guerras hayan cambiado su fisonomía y ya no vengan de las armas, sino de las cifras, aunque los horrores que causen sean, al fin y a la postre, los mismos y la miseria sea también ahora, el fin último que espera a los que las pierden, como es nuestro caso y también el de Portugal, sin ir más lejos.
Como tal, podría considerarse legítima defensa, proteger los derechos de la nación contra quienes desde fuera los atacan y considerar traidor a quien abandona a su suerte el destino de su propio territorio, entregándolo en forma de pagaré, al mejor postor económico y a las inaceptables condiciones que `pone, para hacerse cargo de la deuda.
Nadie está pues obligado a rendirse incondicionalmente y sin presentar lucha, a las veleidades de ningún grupo en el poder, sin recordarle que la voluntad popular puede, si quiere, exigir un cambio inmediato en la cabecera del poder de un Estado, sobre todo si le asiste la razón poderosa de estar siendo conducido a un abismo, del que ya nunca podrá volver a salir.
El ejemplo luso podría ser el primero en establecer que no sólo es posible negociar la manera de ser gobernados, sino que además, también es del todo factible, si se insiste suficientemente en ello, un cambio total en el sistema bajo el cual todos hemos acabado perdiendo algo de incalculable valor para todo ser humano que se precie: la dignidad y el respeto por nosotros mismos.

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