Matar la información

El intento de censurar los contenidos de los informativos en la televisión pública por parte de los partidos mayoritarios, constituye sin duda, el atentado más grave contra la libertad de expresión ocurrido desde la llegada de la democracia, tras la muerte de Franco.
La manipulación sufrida por los medios de comunicación en los últimos tiempos, su falta de veracidad y objetividad en el lanzamiento de noticias, siempre teñidas por un claro partidismo, según quién las publica, se vería ahora incrementado en un porcentaje elevadísimo, si el medio público que costean los impuestos de los españoles, es obligado a pasar una criba antes de llegar a una gran mayoría de espectadores, que hacen de la televisión, su única vía de conexión con la actualidad y depositan su confianza en la relativa veracidad de los contenidos que contemplan.
Uno de los primeros síntomas de todas las políticas autoritarias es siempre el asesinato de la libertad de expresión y la toma de los entes públicos como correas de transmisión de las noticias que interesa difundir a estos regímenes.
Conseguir el derecho a la libra expresión en nuestro país, fue una carrera ardua, que contó con el apoyo de numerosos profesionales en la sombra, ansiosos de poder contar al mundo la auténtica realidad que se vivía en España y que ahora podrían verse de nuevo amenazados por la manipulación política de su pensamiento, si ésta iniciativa aberrante sale adelante, sin que se sepa bien su auténtica procedencia.
Eliminar contenidos de los informativos, suprimir noticias, o simplemente dar o negar permisos para que lleguen al televidente, constituye un comportamiento claramente dictatorial y choca frontalmente con el espíritu natural de cualquier democracia que se precie y más aún, cuando corren malos tiempos para la política.
Quizá se trate de ocultar los muchísimos casos de corrupción que sacuden a diario el país, manchando las siglas de los partidos mayoritarios, o de esconder el servilismo denigrante que practican nuestros dirigentes en Europa, o el fracaso estrepitoso de sus medidas contra una crisis a la que no se le ve el fin.
Pero la respuesta de los profesionales del ente público ha de ser contundente, ya que si permitieran que se cortaran las alas a la información, o transigiesen con transmitirla sesgada, constituiría un colaboracionismo inaceptable con los censores y una traición a sus seguidores, difícil de perdonar en un futuro.
No han tardado en alzarse las voces de ilustres periodistas, indignados por la injerencia intolerable de los políticos en su campo, negándose de plano a admitir la vigilancia sobre los contenidos que ofrecen y sobre la orientación que da a los mismos el informador que los investiga y los expone.
Pero es significativo que algo así haya podido siquiera sugerirse y peligroso pasar por alto este atentado manifiesto hacia el derecho a la información libre que cada uno de los ciudadanos tiene.