Puede que cause asombro que las convocatorias de huelga, cuando lo son por una causa justa, acaben teniendo escaso eco entre los sectores de población no adscritos a ninguna organización sindical y acaben sirviendo como baza a la parte contraria, para esgrimir argumentos a su favor, como si la razón estuviera de su lado.
La realidad es que el deseo de las mayorías sería sin duda el de secundar los paros convocados y su ausencia tiene mucho que ver con los desorbitados descuentos salariales aplicados, en caso de no acudir al puesto de trabajo, que en nada se corresponden con lo que percibe un trabajador en una jornada laboral corriente.
No se entiende por qué la ley no contempla este derecho inalienable de protesta, como algo natural en las relaciones laborales y establece unos mecanismos que permitan al trabajador poder decidir libremente si quiere o no sumarse a una movilización legalmente convocada, sin que esto suponga ninguna merma en su sueldo.
No puede de este modo saberse nunca el interés real que despiertan los temas relacionados con las movilizaciones a causa de materias laborales, ni se puede calcular el alcance real que tendrían las mismas, si los descuentos establecidos no fueran estrictamente necesarios para la buena marcha de la economía familiar y más en los tiempos que corren.
Actualmente, los salarios están de antemano destinados, casi en su totalidad, a la satisfacción de deudas contraídas de inaplazable cumplimiento, como la hipoteca, y suelen cubrir con estrechez las necesidades vitales de quienes los perciben, descabalando el estatus familiar, si se le sustrae una cantidad, por pequeña que sea.
Hoy mismo, hemos visto cómo muchos de los trabajadores de la enseñanza pública acudían a los centros de trabajo y no a las calles, donde sus compañeros se manifestaban en contra de las medidas adoptadas por las comunidades del partido popular, abanderadas por Madrid, con sus recortes encubiertos.
Y no es que estén en absoluto de acuerdo con la señora Aguirre, ni que como ya se ha encargado ella de recalcar, las movilizaciones se nutran únicamente de elementos afines a la izquierda y de indignados “perro-flauta” sin oficio ni beneficio, sino que las cargas familiares de los docentes se resentirían de seguro, con el descuento de más de cien euros que está previsto en la ley, para los que van a la huelga.
No cante pues victoria doña Esperanza, ni crea engañosamente que disfruta de la aprobación de cuantos trabajadores han acudido a su puesto en el día de hoy, porque en una gran parte de los casos, son también absolutamente contrarios a las aberraciones que su calenturienta imaginación está llevando a la práctica, aunque en vista de su precaria economía, han de quedarse trabajando.
Si como otro compañero de partido de la señora Aguirre declaraba, cada español de clase media tuviera un patrimonio cercano a los setecientos mil euros, las calles de su Madrid, por supuesto, no hubieran sido espacio suficiente para el número de docentes que habrían secundado la huelga.
Pero los pobres, ya se ve, ni siquiera tenemos derecho a tener derechos y aplicarlos. A ver si cuando ellos lleguen, lo remedian.
La realidad es que el deseo de las mayorías sería sin duda el de secundar los paros convocados y su ausencia tiene mucho que ver con los desorbitados descuentos salariales aplicados, en caso de no acudir al puesto de trabajo, que en nada se corresponden con lo que percibe un trabajador en una jornada laboral corriente.
No se entiende por qué la ley no contempla este derecho inalienable de protesta, como algo natural en las relaciones laborales y establece unos mecanismos que permitan al trabajador poder decidir libremente si quiere o no sumarse a una movilización legalmente convocada, sin que esto suponga ninguna merma en su sueldo.
No puede de este modo saberse nunca el interés real que despiertan los temas relacionados con las movilizaciones a causa de materias laborales, ni se puede calcular el alcance real que tendrían las mismas, si los descuentos establecidos no fueran estrictamente necesarios para la buena marcha de la economía familiar y más en los tiempos que corren.
Actualmente, los salarios están de antemano destinados, casi en su totalidad, a la satisfacción de deudas contraídas de inaplazable cumplimiento, como la hipoteca, y suelen cubrir con estrechez las necesidades vitales de quienes los perciben, descabalando el estatus familiar, si se le sustrae una cantidad, por pequeña que sea.
Hoy mismo, hemos visto cómo muchos de los trabajadores de la enseñanza pública acudían a los centros de trabajo y no a las calles, donde sus compañeros se manifestaban en contra de las medidas adoptadas por las comunidades del partido popular, abanderadas por Madrid, con sus recortes encubiertos.
Y no es que estén en absoluto de acuerdo con la señora Aguirre, ni que como ya se ha encargado ella de recalcar, las movilizaciones se nutran únicamente de elementos afines a la izquierda y de indignados “perro-flauta” sin oficio ni beneficio, sino que las cargas familiares de los docentes se resentirían de seguro, con el descuento de más de cien euros que está previsto en la ley, para los que van a la huelga.
No cante pues victoria doña Esperanza, ni crea engañosamente que disfruta de la aprobación de cuantos trabajadores han acudido a su puesto en el día de hoy, porque en una gran parte de los casos, son también absolutamente contrarios a las aberraciones que su calenturienta imaginación está llevando a la práctica, aunque en vista de su precaria economía, han de quedarse trabajando.
Si como otro compañero de partido de la señora Aguirre declaraba, cada español de clase media tuviera un patrimonio cercano a los setecientos mil euros, las calles de su Madrid, por supuesto, no hubieran sido espacio suficiente para el número de docentes que habrían secundado la huelga.
Pero los pobres, ya se ve, ni siquiera tenemos derecho a tener derechos y aplicarlos. A ver si cuando ellos lleguen, lo remedian.

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