Impuesto para sus señorías

A sólo unos días de haberse hecho públicas las cuentas de los políticos, un “incómodo” impuesto sobre el patrimonio, propuesto por Rubalcaba, parece haber sido hecho a medida para recaudar fondos de los bolsillos de sus señorías, herméticamente cerrados hasta hoy, a los efectos de la crisis.
En vista de las jugosas ganancias que les han proporcionado unos cuantos años de trabajo en lo público, la contribución que ahora se les exige parece una nimiedad, si la comparamos con la rebaja a los sueldos de los funcionarios o a la congelación de pensiones de menos de quinientos euros establecidas por decreto, sin posible contestación por parte de los afectados.
El deterioro que puede causar el tan criticado impuesto en las vidas de sus ilustres señorías, habrá de ser soportado obligatoriamente y sin protesta por quienes no se cansan de apretar el cinturón ajeno hasta asfixiar al ciudadano medio, con su mala gestión de las cuentas del estado, causando una pérdida irreparable del poder adquisitivo de las familias, en un acto de sumisión sin precedentes a los mandatos llegados desde Europa.
Teniendo en cuenta que el gravamen sólo afecta a quienes poseen más de setecientos mil euros, causa cierta extrañeza el revuelo organizado entre la mayoría de nuestros legales representantes, lo que demuestra que deben encontrarse de lleno en el grupo en cuestión y por lo tanto, que son ricos.
Las grandes fortunas que antes eran de cuna, las poseen ahora personas en principio normales, que un día decidieron dedicar su tiempo a la política y que ahora demuestran con su ejemplo, cuánto rendimiento se puede sacar a un cargo en un país azotado hasta la saciedad por la crisis y a pesar de dejar una herencia de más de cuatro millones de desempleados, como muestra de su gestión en los organismos que ocupan.
Empobrecido y mancillado, el pueblo contempla con auténtico estupor lo que puede dar de sí una representación pública de cuatro años y empieza a entender el endeudamiento de un país al borde del rescate, en el que la clase política se halla nadando en la opulencia, indiferente a la situación agónica vivida por los ciudadanos.
Si quedara un mínimo de decencia, el ofrecimiento para colaborar a la solución de la crisis debería haber sido un gesto voluntario, en justa compensación a la nación que ha elevado su categoría social hasta límites impensables en cualquier puesto laboral, en los tiempos que corren.
Pero la falta de emociones demostrada por sus señorías en infinidad de ocasiones, se ve ahora incrementada cuando de desprenderse de parte de sus posesiones se trata, ya que hace tiempo cambiaron cualquier atisbo de ideología o humanidad por la desmedida ambición de poder que ahora queda patente.
No sé que pasaría si se vieran obligados a malvivir con los sueldos que establece su cacareada reforma laboral o con la precariedad en el empleo que pone al borde de la calle al grueso de los trabajadores con indemnizaciones ridículas, pero naturalmente, estas son cuestiones que quedan lejos para quienes se asientan en la bonanza económica, aunque su obligación primordial habría de ser la de perseguir el bienestar del Estado que, supuestamente, sirven y representan.