La publicación de los datos sobre las posesiones de los políticos, en un momento como el que atravesamos, constituye una auténtica provocación para una clase trabajadora, que ha visto descender gravemente su poder adquisitivo, a causa de las reformas laborales impuestas en los últimos tiempos, para comprobar ahora que la situación económica de quienes la representan, alcanza niveles que rozan escandalosamente el umbral de la riqueza, mientras sigue aumentando el número de desempleados en el país que hace posible su enriquecimiento.
El montante económico declarado por los más conocidos líderes de la nación, se acerca en todos los casos o sobrepasa el millón de euros y se adorna además, con una serie de propiedades inmobiliarias, que se pretende hacer creer salen, en su totalidad, del sueldo percibido como trabajadores públicos y de los años cotizados a lo largo de sus carreras políticas.
No se comprende cómo se atreven siquiera a presentar ante un pueblo herido de muerte por la crisis una declaración semejante, pretendiendo además que las clases humildes se solidaricen con el Estado, sacrificando las pocas prestaciones sociales que aún les quedan para ayudar a solventar la desastrosa situación a la que su mala gestión nos ha conducido.
Esto que ahora sabemos, representa la más ignominiosa desigualdad conocida en toda la historia de España y da a entender que se llega a trabajar en política, no atendiendo a convicciones ideológicas ni a intenciones de mejorar las condiciones de la mayoría, sino con un afán desmedido de lucro, que, evidentemente, acaba dando apetecibles frutos, en cuanto uno dedica unos años a esta actividad.
Las declaraciones hechas por los líderes de los partidos a los medios de comunicación, en las que se lamentan una y otra vez del mal momento que atravesamos y la reconducción de las políticas del país hacia una austeridad extrema, choca gravemente con la abundancia personal de que disfrutan sus señorías y son una ofensa para las clases populares a las que se niegan ayudas necesarias como las de la ley de dependencia, o subidas en las pensiones mínimas, que no alcanzan siquiera los quinientos euros al mes.
Y aún quieren recortar de los gastos de educación o sanidad, deshaciendo todos los logros obtenidos a base de años de lucha encarnizada por nuestros derechos, como si la gratuidad de la enseñanza o la medicina pública fueran un regalo ofrecido en bandeja por el gobierno de turno y no algo necesario, financiado por los impuestos de los españoles, que habrían de servir antes para ésto, que para proporcionar a los parlamentarios un pasaporte a las altas esferas.
Llegar siquiera a plantearse la necesidad de continuar ofreciendo la ayuda de cuatrocientos euros a los parados de larga duración, mientras se declara un cobro de dietas de veintiocho mil euros, como en el caso del señor Durán, por ejemplo, debiera ser considerado delito y una violación flagrante del código ético, para quien alardea de estar poniendo su vida al servicio de un país.
He aquí lo que hemos hecho: una clase política rica y poderosa, fraguada a costa del esfuerzo de toda una nación que ahora se debate en la agonía, endeudada hasta las cejas, pisoteada en sus derechos fundamentales y obligada a pagar los costos de la crisis, con aumentos de jornadas laborales, a cambio de salarios de hambre.
No es de extrañar que la suspicacia popular ya esté preguntándose cuánto atesoran verdaderamente nuestros políticos, teniendo en cuenta que vivimos en un territorio dominado por la picaresca, en el que la experiencia en ocultar datos fiscales está a la orden del día, pero simplemente con las cifras ofrecidas por la prensa, ya es de esperar que se produzcan reacciones inmediatas entre la gente, exhausta e indignada hasta la saciedad con quienes para nada la representan.
En vista de que nuestros líderes podrían vivir con lo que tienen el resto de sus días, sería aconsejable una inmediata renuncia al cobro de sus abultados salarios, siendo invertidos éstos en la creación de los puestos de trabajo necesarios para poder recuperar la dignidad perdida. Es una propuesta firme, que estoy segura encontrará un apoyo unánime por parte de todos nosotros.
El montante económico declarado por los más conocidos líderes de la nación, se acerca en todos los casos o sobrepasa el millón de euros y se adorna además, con una serie de propiedades inmobiliarias, que se pretende hacer creer salen, en su totalidad, del sueldo percibido como trabajadores públicos y de los años cotizados a lo largo de sus carreras políticas.
No se comprende cómo se atreven siquiera a presentar ante un pueblo herido de muerte por la crisis una declaración semejante, pretendiendo además que las clases humildes se solidaricen con el Estado, sacrificando las pocas prestaciones sociales que aún les quedan para ayudar a solventar la desastrosa situación a la que su mala gestión nos ha conducido.
Esto que ahora sabemos, representa la más ignominiosa desigualdad conocida en toda la historia de España y da a entender que se llega a trabajar en política, no atendiendo a convicciones ideológicas ni a intenciones de mejorar las condiciones de la mayoría, sino con un afán desmedido de lucro, que, evidentemente, acaba dando apetecibles frutos, en cuanto uno dedica unos años a esta actividad.
Las declaraciones hechas por los líderes de los partidos a los medios de comunicación, en las que se lamentan una y otra vez del mal momento que atravesamos y la reconducción de las políticas del país hacia una austeridad extrema, choca gravemente con la abundancia personal de que disfrutan sus señorías y son una ofensa para las clases populares a las que se niegan ayudas necesarias como las de la ley de dependencia, o subidas en las pensiones mínimas, que no alcanzan siquiera los quinientos euros al mes.
Y aún quieren recortar de los gastos de educación o sanidad, deshaciendo todos los logros obtenidos a base de años de lucha encarnizada por nuestros derechos, como si la gratuidad de la enseñanza o la medicina pública fueran un regalo ofrecido en bandeja por el gobierno de turno y no algo necesario, financiado por los impuestos de los españoles, que habrían de servir antes para ésto, que para proporcionar a los parlamentarios un pasaporte a las altas esferas.
Llegar siquiera a plantearse la necesidad de continuar ofreciendo la ayuda de cuatrocientos euros a los parados de larga duración, mientras se declara un cobro de dietas de veintiocho mil euros, como en el caso del señor Durán, por ejemplo, debiera ser considerado delito y una violación flagrante del código ético, para quien alardea de estar poniendo su vida al servicio de un país.
He aquí lo que hemos hecho: una clase política rica y poderosa, fraguada a costa del esfuerzo de toda una nación que ahora se debate en la agonía, endeudada hasta las cejas, pisoteada en sus derechos fundamentales y obligada a pagar los costos de la crisis, con aumentos de jornadas laborales, a cambio de salarios de hambre.
No es de extrañar que la suspicacia popular ya esté preguntándose cuánto atesoran verdaderamente nuestros políticos, teniendo en cuenta que vivimos en un territorio dominado por la picaresca, en el que la experiencia en ocultar datos fiscales está a la orden del día, pero simplemente con las cifras ofrecidas por la prensa, ya es de esperar que se produzcan reacciones inmediatas entre la gente, exhausta e indignada hasta la saciedad con quienes para nada la representan.
En vista de que nuestros líderes podrían vivir con lo que tienen el resto de sus días, sería aconsejable una inmediata renuncia al cobro de sus abultados salarios, siendo invertidos éstos en la creación de los puestos de trabajo necesarios para poder recuperar la dignidad perdida. Es una propuesta firme, que estoy segura encontrará un apoyo unánime por parte de todos nosotros.
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