La propuesta de Rosell

En cuanto alguien ha mencionado la posibilidad de exigir un impuesto a los ricos, el presidente de la CEOE, señor Rosell, parece haber encontrado la solución a la crisis, en una nueva bajada del sueldo a los funcionarios.
Por supuesto, sin confesar que muchos de sus representados son dueños de las grandes fortunas que se verían afectadas por el hipotético impuesto, ha sustentado sus declaraciones en la seguridad que los empleados públicos ganaron cuando superaron la oposición que les llevó a sus puestos de trabajo, y que ahora parece ser considerada un delito, tras este retroceso ideológico que ve en la eventualidad en el empleo y el despido a bajo costo, la panacea que cura todos los males de la Empresa.
Es como si el fruto del esfuerzo de estos trabajadores hubiera forzosamente de ser pagador en exclusiva de una crisis generalizada, en la que los grandes empresarios se niegan sistemáticamente a colaborar, si ello acarrea la más mínima pérdida de sus golosos beneficios, mientras exigen con contundencia al Estado el endurecimiento de las medidas que se adopten contra los demás, pero quedando al margen de cualquier compromiso solidario con un país, que también es el suyo.
Los funcionarios ya llevan tiempo cobrando un diez por ciento menos de sueldo y una reducción importante de las pagas extraordinarias, sin que se haya visto por ello más cercana la solución de la crisis y sí mermado considerablemente el poder adquisitivo de quienes sufren la rebaja.
El agravio comparativo que supone la discriminación de elegir a un grupo laboral como único elemento solidario en las horas bajas, está sin embargo siendo soportado pacientemente por estos trabajadores, que como todos, también dependen de su salario para vivir y no forman parte de ningún grupo de poder, como los representados por el señor Rosell, ni poseen fortunas con las que responder a las deudas adquiridas con anterioridad, cuando aún no se había producido el asalto que el estado ha perpetrado contra ellos por sorpresa.
Nadie sin embargo, se atreve a preguntar por qué razón las grandes empresas no asumen ahora el riesgo de invertir para crear empleo digno, ni acomete la muy necesaria tarea de investigar y perseguir los capitales derivados a paraísos fiscales, que continúan multiplicando dividendos mientras los trabajadores se hacen cargo de la deuda de las naciones, hundidas por la avaricia de quienes no hacen más que exigirles sacrificios y mal gestionadas por políticos endeudados hasta las cejas con los usureros del siglo XXI y las instituciones bancarias que los apoyan.
En cuanto a la seguridad en el empleo, en ningún caso está más garantizada que para los representados del señor Rosell, que jamás se verán obligados a visitar las colas del INEM, ni a cobrar la limosna de cuatrocientos euros que se ofrece a los parados de larga duración, de los que ellos son absolutamente responsables.
Ninguno de los candidatos a las próximas elecciones, sin embargo, anuncia mano firme contra las clases dominantes y sí nuevos recortes en aportaciones sociales, prolongación de jornada para los profesores, posible coo-pago de la sanidad y otras lindezas que guardan en sus ilustres mangas, hasta el momento en que se hagan con el bastón de mando y nuestro destino quede en sus manos.
Pero permitir declaraciones como las que nos ocupan, sin salir inmediatamente al paso para defender a un núcleo numeroso de población, que se siente amenazado por la desfachatez de individuos como éste, da una idea clara de lo que podemos esperar de los candidatos y del modo en que nos representarán si les otorgamos el voto.