El futuro que viene

Las medidas propuestas por la Comunidad de Madrid, en materia de Educación, que pretende alargar la jornada laboral de los profesores, poniendo en peligro la posible contratación de interinos en los próximos años, empieza a dar una idea aproximada de cuál será la política del PP, si llega a gobernar, y en qué área aplicará los recortes cuando consiga el ansiado poder que lleva años persiguiendo.
La intención de mermar considerablemente los gastos en política educativa, se convierte así en un primer paso para poder intuir un ataque aún más directo a las prestaciones sociales, empezando por el derecho fundamental a una enseñanza de calidad y gratuita, que era hasta ahora, uno de los logros mayores conseguidos, desde que desapareció la dictadura y la democracia se instaló entre nosotros.
A esto se une además, la extraña postura de María Dolores De Cospedal, que tras permanecer durante años en su puesto de diputada autonómica en Castilla La Mancha, en un silencio total ante las políticas llevadas a cabo por los socialistas, llega a la presidencia de la Comunidad exponiendo un asombro inaudito ante la situación económica encontrada, como si su pasado en estas tierras hubiera sido inexistente y repentinamente se hubiera abierto la caja de los vientos, en cuanto ha conseguido alzarse con el poder.
Las promesas repetidas hasta la saciedad en los mítines ofrecidos por los populares, en los que se declaraban defensores de la justicia social y garantes de las necesidades de los humildes, se marchan con el viento tempestuoso de su asentamiento en los lugares de mando, desde los que atacan a los débiles, como desde luego era de esperar, para los que ya conocíamos de antaño a las derechas y su afinidad con la ideología capitalista y quienes la encabezan.
Es tiempo para los jóvenes españoles para poner en claro cuál será su tendencia de voto en los próximos comicios y para reflexionar hasta qué punto, otorgar ese voto al primer partido de la oposición puede resultar beneficioso para sus intereses o si, por el contrario, el aterrizaje de los populares en lo más alto de las instituciones, acabará por hacer buenos a los que ahora terminan su legislatura, convirtiendo la vida de las clases trabajadoras en un infierno aún peor que el que ahora soportan, gracias a las veleidades europeas del Presidente Zapatero.
Es una falacia creer firmemente en cualquier posibilidad de cambio a mejor de manos de los que siempre fueron representantes reales de las clases dominantes, aún cuando últimamente, en su intención de atraer a los votantes, se dediquen a disfrazar con grandes dosis de paternalismo su amor al liberalismo económico y su clara intención de privatizar sectores como el educativo o el sanitario, para beneficio exclusivo de quien se pueda permitir su utilización a golpe de cartera.
Las vanas promesas de Rajoy y sus correligionarios han de ser entendidas como lo que son: un reclamo electoral que les permita acceder al gobierno y un modo de arrancar del país cualquier logro conseguido por los humildes, empezando por una educación que les garantice una mayor amplitud de pensamiento y una cierta igualdad cultural con las clases privilegiadas, que en nada conviene a los amantes del capitalismo feroz que nos gobierna.
La contestación debe ser inmediata, pues es urgente establecer preferencias electorales antes de noviembre, e iniciar movilizaciones en contra de este atropello encubierto, que puede alcanzar dimensiones incalculables, si el Partido Popular llega finalmente al poder y se instala con una amplia mayoría en el parlamento, que le permita gobernar en solitario, al modo y manera en que lo hacen todos y cada uno de los gobiernos conservadores en el mundo.
Es aún peor. Las cifras alcanzadas en los últimos comicios municipales y autonómicos, auguran que las medidas madrileñas, serán rápidamente refrendadas por las otras Comunidades en manos de los populares, estableciendo unas diferencias inaceptables entre trabajadores, con el consiguiente perjuicio de los que se encuentran bajo las directrices de los recién llegados al poder autonómico.
Apostar por la explotación del personal adscrito al Ministerio de educación, no es, en modo alguno, una solución a la crisis y pone en evidencia la validez del programa político de quienes se atreven a tropelía semejante.
Se necesitaría una gran dosis de fe para depositar la confianza ciudadana en quien basa su política en acciones tan deplorables como ésta y una gran ingenuidad para llegar a pensar que en sus manos, la nave del estado llegará a buen puerto si en vez de crear los tan necesarios puestos de trabajo, se limitan a prolongar la jornada laboral de los españoles, igualándola con la que existía un siglo atrás.