Delitos grandes y pequeños

Si todo el ahínco que se ha puesto en los últimos tiempos en perseguir las acciones de los indignados, se concentrara en averiguar quiénes han sido los auténticos culpables de la crisis y se reprimiera la mala gestión de los gobernantes con la misma dureza que las manifestaciones ciudadanas, la justicia habría alcanzado al fin un poco de equilibrio y la verdad hallaría un camino por el que avanzar, entre la podredumbre reinante en el entorno corrompido que ha generado a nuestro alrededor el sistema que rige nuestro presente.
Pero es mucho más fácil perseguir a ciudadanos indefensos cuyo único delito consiste en expresar su hartazgo en las plazas públicas, haciendo uso de una bien ganada libertad de expresión, de la que ya fuimos privados, por decreto, durante más de cuarenta años.
Probablemente, los estallidos de indignación popular acaecidos desde que las personas de bien se decidieron a dar un paso al frente, en protesta contra los continuos abusos a que eran sometidas a diario `por unos políticos, cuya prioridad siempre reside en las cuestiones económicas, en detrimento de la justicia social, han empezado a desequilibrar la placidez vital de nuestros supuestos representantes y son una amenaza para sus privilegios, que no piensan perder sin hacer uso del poder que les otorgamos en las urnas.
Ya se ha visto en qué medida importa verdaderamente juzgar la delincuencia de cualquiera que se sitúe en un estatus social alto y cuál es la postura de la judicatura en los múltiples casos de corrupción conocidos en los últimos años.
Si nos paramos a considerar qué tipo de sentencias han seguido a los escándalos financieros acaecidos en Ayuntamientos e instituciones públicas, será fácil comprobar que cualquiera de los implicados en este tipo de delitos contra los fondos generales de la ciudadanía, o está en la calle, o se ha sobreseído su causa, o ha sido absuelto sin culpa alguna, por defectos de forma en los sumarios, pero ninguno se halla en prisión, ni es obligado a devolver el montante de lo sustraído.
Sin embargo, se considera imperdonable estar en contra de la visita del Papa a Madrid y se reprime con violencia la libre elección del laicismo como forma de vida, o se persigue con insistencia a un grupo de ciudadanos que sale al paso de los parlamentarios que cobran de las arcas públicas, mostrando sus descontento sonoro con la labor que realizan y se moviliza a la policía para dar con su paradero, como si no fuera mayor la radicalidad de las medidas aplicadas contra el pueblo soberano, que cortar el paso a sus “delicadas señorías”, con unos cuantos gritos incómodos y algún bote de pintura arrojado sobre sus carísimos trajes.
Parece que los perro-flauta, como llama Esperanza Aguirre a los jóvenes que estando desempleados, no pueden vestirse en los modistos que ella y sus compañeros frecuentan, se han convertido en el enemigo número uno del Estado y que todo el peso de la Ley será aplicado sobre ellos, por su tozudez en ocupar espacios públicos desde los que enseñar al mundo la realidad que nos sacude a diario, sin que nadie lo remedie.
Bien harían en seguir el ejemplo islandés, que sienta en el banquillo a su antiguo primer ministro, acusado de haber conducido al país a la bancarrota, con su mala gestión de una crisis sin precedentes en ese territorio.
Es probable que si fuera factible juzgar las equivocaciones de los gobiernos y aplicar penas justas a los que abusando de la confianza de los electores, ponen en práctica políticas claramente perjudiciales para la ciudadanía, la situación se recondujera hacia otros caminos distintos, y el sistema actual pudiera ser cambiado por otro, en el que pueblo fuera realmente protagonista de su propia historia, en un mundo más justo que éste, en el que nos ha tocado malvivir.