Ataque a la docencia

En los tiempos que corren, la figura del profesor, ha sido inexplicablemente degradada y agredida, tanto desde la propia escuela, a manos de unos alumnos absolutamente descontrolados, como desde las esferas políticas de turno, que tratan constantemente de imponer criterios ideológicos en las aulas, sin respetar a los encargados de formar a las generaciones del futuro y sin crear leyes que los amparen, en el ejercicio diario de su profesión.
A menudo se suele recortar de la partida presupuestaria dedicada a la educación, que debiera, por norma, ser una de las más importantes en los presupuestos generales del Estado, ya que de ello depende la calidad de la formación de nuestros niños y jóvenes, si queremos llegar a competir en el mundo, al mismo nivel que otras potencias, auténticamente volcadas en llevar al mercado profesionales de nivel, sin fisuras en su expediente.
Las últimas medidas propuestas en las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, son la punta del iceberg que al final, acabará rompiendo las débiles relaciones existentes entre docentes y políticos, empujando a los trabajadores públicos a tener que reivindicar de manera más contundente sus derechos, que a diario les son arrebatados desde el poder, con rebajas impensables en aquellos países que ahora dictan nuestro presente, desde sus posiciones europeas.
Los comentarios de Esperanza Aguirre o Ana Botella sobre la jornada laboral del profesorado, son claramente indicativas de un desconocimiento profundo del sector y su funcionamiento y de cómo está organizado el trabajo en la enseñanza, que se atreven a denostar de manera intolerable desde su posición de poder.
Al márgen de la ignorancia supina demostrada por estas dos “expertas “ madrileñas, todo el mundo sabe que las horas de trabajo del profesorado, en ningún caso se reducen al tiempo en que se encuentran en el aula, sino que se ven incrementadas con horas de guardia, de evaluaciones, de claustros y de preparación de clases, hasta alcanzar a veces jornadas interminables de estancia en los centros, dada la dificultad para reunir a un número determinado de ellos, cuando de trabajo en común se trata.
Pero es un recurso fácil atacar a quienes gozan injustamente de mala fama entre las masas populares y justificar así los recortes en educación, que de otro modo, resultarían inexplicables para todos aquellos padres que luchan por obtener plazas en centros públicos o se encuentran cada vez con más frecuencia, con que sus hijos son ubicados en aulas con más de treinta alumnos, en detrimento de esa calidad, que los populares sólo parecen encontrar en los centros concertados a los que apoyan.
Ya se dieron sonados encontronazos cuando ejercían en la oposición, primero con su empecinamiento en introducir las clases de Religión como materia obligatoria en los planes de estudio y después oponiéndose a la Educación para la ciudadanía, tratando incluso de boicotear la asignatura, aconsejando a los padres una desobediencia civil, frente a lo que por ley había sido aprobado o impartiendo la asignatura en inglés, como en el caso de Valencia.
El ataque de ahora, que encubre el despido de miles de profesores interinos y la explotación de los titulados con plaza, en beneficio exclusivo de los centros regentados en su mayoría por religiosos católicos, representa un claro posicionamiento en contra de una enseñanza pública de calidad y un acercamiento a una postura de privatización del sector, volviendo a colocar a los humildes en la imposibilidad de acceder a la educación, cómo en los tiempos de la dictadura.
Lo que ahora no es más que un amago de los gobiernos comunitarios, podría convertirse en norma si finalmente Rajoy llega a la Moncloa y supondría un retroceso para el futuro de los niños y jóvenes que sin posibilidades económicas, se verían relegados a una situación de desamparo cultural del todo intolerable.
Es por eso importante secundar desde todo el país las huelgas previstas por los trabajadores afectados, por ahora, por los delirios conservadores de los que acaban de aterrizar en varias comunidades autónomas y aspiran al poder en la nación.
La voluntad popular, secuestrada sibilinamente por estas medidas discriminatorias, debe ser respetada por encima de las veleidades partidistas y el número de docentes necesarios para el buen funcionamiento de las aulas públicas ha de estar fuera de negociación, dada la prioridad que representa, en comparación con otros sectores de los que se podría recortar, como las obsoletas diputaciones, o los gastos exagerados de los políticos.
La parte de futuro que está en juego si estas medidas se llevan finalmente a término, debe ser suficiente para que las familias acompañen a los maestros a la calle y respeten su decisión de luchar para sacar a flote un beneficio común para la mayoría de los españoles.
La señora Aguirre sabe muy bien que las reclamaciones son justas, pero a menudo resulta muy conveniente disfrazar la verdad con declaraciones populistas, oportunas en una situación laboral como la que atravesamos, consiguiendo un enfrentamiento entre las clases humildes, que podrían justificar intervenciones futuras a favor de la política conservadora que mueve a los integrantes del partido popular y que no es otra, que acabar degradando la calidad de la enseñanza pública y de sus trabajadores para crear una escuela elitista, sólo al alcance de los económicamente fuertes.