El idioma de los jueces

Nunca he entendido que el uso del lenguaje se valore mejor cuánto más se aleje de la comprensión de la mayoría de los receptores, pero reiterativamente esto ha sido así para intelectuales, escritores, reconocidos representantes de las vanguardias y todos aquellos que, vanagloriándose de sus conocimientos, han querido establecer una línea divisoria entre una élite intelectualmente superior, y el resto de los mortales que, en la mayoría de los casos, no tuvieron la suerte de poder acceder a una educación que les permita la comprensión de determinados términos.
El primer premio de este grupo de privilegio, habría que adjudicárselo, sin duda, a los juristas, cuya jerga corporativista, aún compuesta por demasiados vocablos decimonónicos, sujetos además a la interpretación personal de quien los maneja, se reflejan en mamotretos ininteligibles para el vulgo, que se almacenan en los juzgados, eternizando la resolución de los casos y provocando graves incidentes que cada vez separan más a los encargados de administrar justicia, de los ciudadanos a los que, teóricamente, sirven, como garantes del cumplimiento estricto de las leyes.
Hoy nos crispa sobremanera la decisión de un juez, que rebaja la pena a un maltratador (que acabó asesinando a su pareja), de diecisiete a doce años, no considerando ensañamiento las treinta y siete puñaladas que le asestó. Interpreta su señoría que no entraba en la mente del asesino la intención de hacer daño a la víctima, sino sólo la de matarla.
No cabe razonamiento menos lógico, si se tiene en cuenta, que el peor daño que puede infringirse a un se humano es el de arrebatarle la vida, ni cabe mayor despropósito que considerar cómo una especie de eximente el resultado de muerte para quien, no satisfecho con su deleznable acto, prosigue un ritual sangriento después del fallecimiento, hasta descargar sobre la víctima todo el desprecio que le corroía las entrañas cuando se decidió a cometer tal aberración.
Seguramente, los argumentos de tan avispado jurista, ocuparan un cierto número de páginas, en las que tratará de hacer discernir a quienes concierna el documento, qué le mueve a delimitar, como si de Dios se tratara, el punto exacto en que comienza la saña, cuando de un delito sangriento se trata.
El asesino, sin duda, agradecerá eternamente esta aclaración que le beneficia sobremanera y las cientos de hojas que reflejen esta sentencia, terminarán almacenadas en cualquier despacho con humedad, de los muchos que salpican los juzgados de España, en espera de ser revisado, si se solicita alegación, por instancias superiores que, cuando tengan tiempo, tal vez coloquen las cosas en su sitio.
Naturalmente, los familiares de la víctima y los ciudadanos en general, opinamos de forma muy distinta. No sólo el código penal necesita revisiones urgentes. El lenguaje de los juristas, precisa también una renovación que lo sitúe en la época histórica a la que pertenece. Necesita meridiana claridad en cada término, concisión en la extensión desmesurada de los asuntos tratados, modernización inmediata de conceptos que, sobre todo en los casos concernientes al género, han quedado explícitamente obsoletos y apertura hacia la comprensión de los ciudadanos que se ven obligados a lidiar con esta saga intocable de nefasta infalibilidad de criterios.
También estas medidas supondrían un gran ahorro económico para el país y, sobre todo, una humanización de los protagonistas de estas historias, que en lugar de cumplir con la obligación de socorrer a los débiles, con estos fallos garrafales que por cuestiones meramente lingüísticas, no hacen otra cosa que favorecer la corrupción y la delincuencia.