Con las últimas noticias sobre la corrupción, puede parecer que
el problema catalán ha pasado a un segundo plano, pero la cruda realidad es que
han pasado casi dos meses, desde que se celebraran allí las últimas elecciones
y esta Comunidad, Nación o País, como
cada cual prefiera denominarlo, continúa sin un Gobierno que empiece a restañar
las heridas producidas por todo lo ocurrido durante el proces y que acabe, de
una vez, con la aplicación del artículo 155.
Como si el tiempo se hubiera detenido y de nada hubiera
servido el sufrimiento que ha tenido que soportar una sociedad a la que se ilusionó desmesuradamente
con la idea de que el establecimiento de una República era posible, los
partidos independentistas han empezado a mostrar sus sempiternas discrepancias
ideológicas y los llamados constitucionalistas, se limitan a ver pasar los días,
esperando únicamente que cualquiera de los otros dé un paso en falso, para
lanzarles sin piedad y sobre todo sin intención de dialogar, a las manos de la
justicia.
Hoy mismo, una destacada dirigente de la CUP declaraba ante
el juez, mientras los medios ofrecían sus portadas a las afirmaciones de
Francisco Granados, sin dar la menor importancia a la guerra interna que se
libra entre los partidarios del exiliado
Puigdemont y los que desde Esquerra Republicana, ven como su líder, Oriol
Junqueras, no consigue obtener la libertad y continúa en la cárcel de Extremera.
Y sin embargo, solucionar el problema catalán tendría que ser
una de las prioridades más urgentes del Gobierno español, fundamentalmente
porque con la situación actual, la imagen de país dividido que estamos
ofreciendo al resto del mundo, por muchas razones legales que nos asistan, no
puede ni debe prolongarse, sine die, o finalmente, pagaremos todos las consecuencias.
Causa cierta inquietud, oír, como hemos oído estos días a
ciertos catalanes de relevancia, decir que en nada están notando la extraña
situación que allí se vive y verlos continuar con sus rutinas, ciertamente
inusuales, por la tensión reinante en el ambiente, como si tener o no Gobierno,
a la mayor brevedad posible y tratar de recuperar la normalidad, no tuviera la
menor importancia y los cargos electos que habrán de formar parte del nuevo
Parlament, fueran en realidad, perdónenme, absolutamente prescindibles.
Así que mientras los secesionistas buscan afanosamente una
fórmula que permita la investidura de Puigdemont, del modo que sea y los
encarcelados van perdiendo las esperanzas de recuperar alguna vez la libertad, transcurren
unos meses de vacío que van dañando gravemente el panorama laboral y económico
en Catalunya, por no hablar de los enfrentamientos personales que continúan
produciéndose entre los ciudadanos que la habitan.
Digo yo, que algo habrá que hacer para que esta especie de
anarquía controlada desde Madrid no se dilate eternamente y que algo podrían
intentar los parlamentarios españoles también, para procurar una solución a un
problema, que parece no tener fin, aunque para ello hubiera que hacer
concesiones, por ambas partes, dando de una vez carpetazo al engreimiento de
declararse vencedores, pues las guerras, como todos sabemos, las perdemos todos
en general y no es bueno creerse superior a los otros, causando unas dosis de
humillación, absolutamente innecesarias, cuando lo que se pretende conseguir es
la paz, por el camino del entendimiento.
De manera que cuando leemos los titulares más destacados de
la prensa y vemos la foto de Granados en portada, relanzando un problema que
durante años ha sido perdonado al PP, como si fuera una primicia que hubiera
nacido ayer mismo, en la exclusiva de cualquier diario, no podemos por menos
que empezar a creer que, en cierto modo, conviene relegar el problema catalán a
las páginas interiores, a ver si en cierta medida, los ciudadanos van restando fragor
a la lucha fratricida que mantienen fuera y dentro de este territorio y las
cosas van encajando, a base de olvidar lo que sintieron en un primer momento,
convirtiendo en normal una situación, que si se piensa en profundidad, resulta
ser del todo insostenible.
Que acabar con la corrupción y castigar a quiénes la
cometieron es imprescindible, nadie lo pone en duda, pero es responsabilidad
inexcusable de este Gobierno procurar que se restablezca la normalidad en el
país y resulta del todo incomprensible que a día de hoy, no sólo no haya conseguido
resolver el gravísimo asunto de Catalunya, sino que ya, ni siquiera ponga
interés en lo que allí sucede, como si en realidad lo que deseara fuera seguir
gobernando este territorio para siempre.

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