Las malas intenciones

Ahora que hasta los barómetros del CIS dan por seguro que una alianza entre IU y Podemos conseguiría colocarse como segunda Fuerza política, muy cerca del Partido Popular, irrumpe una nueva campaña de desprestigio que trata de vincular a Pablo Iglesias con el cobro de una suculenta cantidad de dinero, procedente del Gobierno de Venezuela y a través de un banco situado en un paraíso fiscal, que se refleja en un documento en el que no aparece la firma del político, aunque sí su nombre y sus dos apellidos.

 El líder aludido, que se ha apresurado a declarar que interpondrá una denuncia contra Eduardo Inda, el periodista que ha publicado la noticia a través de OK diario y que se ha paseado por todos los platós de televisión, exhibiendo dicho documento, ya había protagonizado varios enfrentamientos en relación con este mismo tema, que parece haberse convertido en recurrente para la prensa afín a la derecha, cada vez que se acercan nuevas elecciones.

Con anterioridad, Podemos ha ganado cuatro querellas por acusaciones similares a las que aquí se tratan y hasta el momento, nadie ha podido demostrar esa estrecha vinculación que se le atribuye con el Gobierno de Maduro, aunque está claro que no van a cejar en el intento.

Y sin embargo, en este país, se observa cierta permisividad legal cuando aparecen en los medios informaciones como está, llegando incluso a comparar el acoso que sufre ininterrumpidamente Podemos, con el que supuestamente está padeciendo el PP, en relación a la multitud de casos de corrupción en que se están viendo envueltos muchos de sus cargos, en los últimos tiempos.

Como comprenderán, la comparación no sólo resulta odiosa, sino que además, comete el error de apoyarse en una falacia fácilmente rebatible, pues mientras los líderes y cargos de Podemos no han sido, en ningún momento, imputados por la justicia, la lista de los conservadores acusados de delitos fiscales parece interminable y continúa creciendo.

Demasiada paciencia está teniendo la gente de Podemos, que soporta estoicamente el aluvión de críticas que contra su Partido se vierte, sin haber llegado jamás a perder de forma evidente, los nervios y habiendo, como asumido que su sino será el de tener que convivir con estas informaciones maliciosas y con los periodistas que las lanzan, convencidos de que algún perjuicio harán, si consiguen hacer dudar a los electores, de la limpieza de este juego.

No obstante, echamos en falta que la ley no contemple un castigo para estos casos de difamación, ni para los que urdieron, solos o en compañía de otros, los contenidos publicados, pues atentar contra el honor de los demás no debiera quedar impune en ningún caso, para evitar situaciones similares en un futuro y las evidentes complicaciones en el ámbito político, que acarrean tales sucesos.

Ahora que se nos vine encima una nueva campaña electoral y todos los grupos políticos empiezan ya a poner toda la carne en el asador para intentar conseguir su propósito de alcanzar el poder, después del 26 de Junio, los ciudadanos agradeceríamos que se esforzaran en evitar posibles confrontaciones de este tipo entre los unos y los otros y también que los medios no dieran cobertura a determinados periodistas, que a pesar de tener absoluta libertad de expresión, no saben o no quieren atenerse a publicar estrictamente la verdad, inventando en su lugar truculentas informaciones que finalmente no pueden demostrar y que por tanto, dañan sensiblemente la imagen de la profesión a la que representan.

Bien está, ya lo hemos dicho muchas veces, que la prensa vuelva a ocupar el lugar que le corresponde y que el periodismo de investigación avance en el descubrimiento y publicación de corruptelas…pero cuando son ciertas.

Inventar, difamar o difundir informaciones, con la mala intención de hacer caer a una determinada opción política, porque no se comulga con ella o simplemente, porque se defienden tácitamente los intereses de otra contraria, no pude ni debe ser admitido por los ciudadanos, más que como una especie de libelo que bien pudiera emplearse para construir un guión, pero nunca para transmitir una realidad, cuyo transcurso afecta a la vida de la sociedad en pleno, de manera directa.