A sólo tres días de la celebración de elecciones en Cataluña
y con un ambiente cada vez más caldeado por las intervenciones de empresarios,
banqueros, Ministros y ex Presidentes, el imperdonable fenómeno de los casos de
corrupción sigue su curso, ajeno a trepidante actualidad y se destapa ahora un
nuevo escándalo ocurrido en la Comunidad de Madrid y que vuelve aponer en
entredicho la transparencia en la aplicación de las políticas de recortes,
llevadas a cabo por Rajoy y su Gobierno.
Como todos recordarán, en Diciembre del 2012, los funcionarios
españoles, que ya habían contribuido generosamente a la economía nacional con
una sustanciosa bajada de sueldo, se quedaron sin la paga extraordinaria de
Navidad, por orden gubernativa, sin que hasta hoy hayan recuperado el montante
de aquel clarísimo incumplimiento de contrato, por parte de la Administración
del Estado.
Pues bien, nos enteramos ahora de que dicha medida no fue
aplicada a todo el funcionariado y parece que Esperanza Aguirre se encargó de
que los trabajadores de IFEMA, entre los que se encuentran gloriosos
dinosaurios de su propio Partido, como el ex Alcalde de Madrid, Gregorio
Álvarez del Manzano, recibieran aquella Navidad la totalidad de su sueldo, incluida
la extra que a los demás se les negaba.
Una vez más, ha tenido que ser la prensa quién ha destapado
el escándalo, justamente cuando el Ministro Montoro presume por activa y por
pasiva de que finalmente, devolverá a los funcionarios aquella paga sustraída,
en Enero de 2016, utilizando el tema como una medida de presión electoral, por
la cercanía de los nuevos comicios.
Naturalmente, no ha tardado en saltar la duda de qué habrá de
hacerse con esta gente que en su momento no perdió nada y que mucho nos tememos
que de no haber saltado la noticia, estarían probablemente dispuestos a cobrar
por segunda vez, aquello que ya percibieron.
Espanta pensar, que mientras los ciudadanos de a pie de este
País, eran vapuleados por las políticas de recortes que los populares
anunciaban como estrictamente necesarias para salir de la crisis, las leyes no
parecían haber sido escritas para ser aplicadas con la misma dureza, cuando se
trataba de ilustres militantes
conservadores, aplicando descaradamente medidas de excepción, con tal de no
perjudicar de ninguna manera el bolsillo de su propia gente.
Sin embargo, se podría afirmar sin temor a equivocarse, que
tampoco esta nueva tropelía, mezquina dónde las haya, acabará por traer
consecuencias para el PP, antes de que lleguen las Generales, a pesar de
constituir un clarísimo agravio comparativo para todo el colectivo
funcionarial, que ha pagado, con creces, la parte económica que le
correspondía, durante los últimos cuatro años.
Oír como hemos oído a Aguirre tantas veces, vilipendiar el
buen nombre de los trabajadores públicos, llegando a acusarles de vagos y cosas
peores e ideando estrategias para aumentar sus horarios y reducir sus sueldos,
cobra hoy una especial relevancia, si como se sugiere, el cobro de las pagas en
el IFEMA fue presuntamente orquestado por la ex Presidenta de la Comunidad de
Madrid.
Debe ser que su ideología radicalmente clasista, le hace
pensar que también entre los funcionarios hay rangos que nunca deben
traspasarse y que Álvarez del Manzano y otros de igual estatus que él, pueden
estar, per se, por encima de las leyes que a los demás nos toca cumplir
religiosamente, o estaríamos cometiendo un delito.

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