Pendientes de si Rajoy comparecerá por fin ante el congreso o
si hará falta la Moción de censura para empujarle a subir al estrado para dar
explicaciones sobre el caso Bárcenas, la noticia de que los recortes podrían afectar,
a partir de ahora, a las reglas por las que se rige el derecho a la
Reproducción asistida, cae como un mazazo sobre las mujeres de este País y
trata de establecer una clara discriminación entre ellas, por simples razones
de sexo o edad.
Quiere la Ministra Ana Mato, siguiendo la línea
ideológico-religiosa que marca Gallardón, privar a lesbianas, mayores de
cuarenta años y mujeres que hayan tenido algún hijo, de la posibilidad de
acudir a la Sanidad Pública para ser sometidas a tratamiento de fertilidad, obligándolas
además a demostrar que durante al menos dos años, han intentado de manera
natural, quedar embarazadas sin
conseguirlo.
Otra vez el catolicismo fanático que se ha instalado en el
PP, procura que la sociedad vuelva a marginar cualquier opción sexual que se
aparte de los cánones heterosexuales por él establecidos, forzando a quienes
con toda naturalidad se declaran lesbianas, a mantener relaciones con hombres
si quieren quedar embarazadas, o a no poder cumplir su sueño de maternidad, si
no disponen de los seis mil euros que vale el tratamiento en una Clínica
privada.
La medida, aún en fase de estudio, atenta directamente contra
la igualdad que entre todos los españoles propugna nuestra Constitución y
vuelve a poner en entredicho la manera de gobernar de Rajoy, que consiente a
las continuas exigencias provenientes directamente del Vaticano, sin entender
que el poder político ha de mantener, necesariamente, una independencia
total del poder religioso, sobre todo al
ser el nuestro un Estado laico y haber sido aprobado este concepto, por la
mayoría de los españoles.
Pero es que además, también resulta la medida claramente
discriminatoria para todas aquellas mujeres que decidieron libremente no tener
hijos antes de los cuarenta o afrontar
la maternidad en solitario, al no encontrar pareja o no querer, simplemente,
unir su destino al de ningún hombre o mujer, de manera voluntaria y en
ejercicio de su derecho personal a hacerlo.
Con toda probabilidad se esperaba que esta proposición pasara
desapercibida, envuelta por la tormenta del escándalo Bárcenas, pero la
gravedad de lo expuesto, ha llenado inmediatamente de indignación a cuántas
mujeres podrían verse afectadas por la
implantación de estas normas y no se han hecho esperar las reacciones de los colectivos de gays y lesbianas y de las
mujeres en general, oponiéndose rotundamente a esta nueva mutilación de
nuestros derechos.
No entiende el PP que nuestra sociedad contempla con total
naturalidad la existencia de cualquier tipo de familia y que se da una
convivencia pacífica entre todos nosotros, basada en una condición de respeto
por los demás que no parece haber llegado aún a los corazones de los que nos
gobiernan y que permanecen anclados en un pasado lejano en el que la hipocresía
dominaba las relaciones por encima de los sentimientos y en el que incluso se
consideraba delito la homosexualidad, llegando a veces, a tratar de “curarla “
por medio de la medicina.
Pero ni Gallardón, ni ninguna de las corrientes vaticanas
podrán hacer factible una vuelta atrás en el pensamiento de los españoles, que
agradecemos enormemente habernos liberado de ciertos prejuicios que coartaban
nuestra libertad con ataduras de oscurantismo medieval de las que, por suerte,
hace tiempo nos hemos desprendido.
También hemos aprendido y no precisamente, gracias a ellos, a
defender dónde haga falta, la garantía de ser respetados cada cual con su
idiosincrasia, sin tener que rendir cuentas sobre nuestras tendencias sexuales
o nuestra elección a la hora de formar un modelo de familia, solos o en
compañía de otros.
Ni el caso Bárcenas, ni ningún otro escándalo, conseguirá
pues, esconder lo que se proponen hacer, ni conseguirán evitar que se abra
contra ellos un nuevo frente de lucha.
Lo prometemos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario