En las grandes tragedias, como la ocurrida hace unos días en
Santiago de Compostela, es cuando quedan al desnudo las deficiencias de que
adolecen los Países y las carencias que arrastran a veces, salen a la luz sin
que puedan seguir ocultándose.
Es entonces, cuando se necesita coordinar toda la maquinaria
del Estado, para paliar en lo posible la gravedad de los grandes sucesos,
cuando se comprueba la capacidad de respuesta de los profesionales y su
preparación para afrontar contingencias que no son en ningún modo habituales,
pero que necesitan de un rendimiento superlativo, en horas, en atención y en
esfuerzo.
Mucho se ha criticado a los funcionarios españoles, llegando
a poner a la opinión pública en su contra, tachándoles de vagos y haciendo pensar
que disfrutaban de una situación de privilegio en cuestión de horarios y
sueldos y mucho se ha tratado, en concreto, de manchar a la sanidad pública y a
otros servicios comunales, procurando hacernos creer que su gestión estaría
mejor en manos privadas e incluso despidiendo masivamente a miles de interinos,
que hoy engrosan la lista del paro, junto a otros cuantos millones de
españoles.
Pero ha bastado que una desgracia como este espantoso
accidente de tren ocurriera, para demostrar que todas las teorías que han
estado ensuciando el prestigio profesional de los funcionarios, cayeran por su
peso y para que la verdad sobre su trabajo, incluso en situaciones
desbordantes, saliera a la luz pública, echando por tierra cualquier
especulación de cualquier índole que se hubiera perpetrado contra ellos.
Porque el comportamiento de sanitarios, bomberos y policías
de Santiago, ya desde los primeros minutos de producirse el suceso, ha
sepultado con su ejemplaridad toda la labor de desprestigio que contra ellos se
ha estado fraguando y ha venido a concluir que los servicios públicos funcionan
en España mucho más allá de la normalidad que de ellos se esperaría, sumando a
la mera labor profesional de sus trabajadores, solidaridad, buen hacer y una
dedicación exhaustiva en el cumplimiento de sus funciones, más allá de lo que
la mera obligación impondría y sin escatimar en tiempo ni en esfuerzo.
¿Habría respondido, por ejemplo, una sanidad privada, con el
mismo ahínco que lo ha hecho ésta que todavía es de todos y a todos atiende de
manera igualitaria y altruista?
Seguramente no y aunque el código deontológico de los médicos
obliga, en teoría, a socorrer a quienes lo necesiten en un primer momento,
ninguna Compañía privada dejaría pasar, como se ha demostrado en otros lugares,
la oportunidad de cobrar después todos y cada uno de los servicios prestados a
los damnificados en este suceso.
Tampoco los bomberos habrían acudido por amor al arte al
lugar de la tragedia, ni los policías se hubieran esforzado de igual modo, si
no pertenecieran al aparato del Estado y su labor dependiera de una empresa que
vive de lo que ellos producen.
Así que todas las vejaciones que se han venido infiriendo a
estos funcionarios nuestros, como la reducción drástica de sus sueldos, o el
impago de sus pagas extraordinarias, no son en modo alguno justificables, ni
debieran haberse producido, ni son, como se ha hecho creer, merecidas por haber
incurrido en pecado de dejación de sus funciones
Ahora que a los políticos del PP se les llena la boca, atribuyéndose
el buen funcionamiento de las Instituciones en la manera de afrontar la
tragedia, no estaría de más recordarles que dichos Organismos están compuestos
por los mismos hombres y mujeres de los que abominaron cuando decidieron
hacerles blanco de sus recortes y que a pesar de eso, sin ellos, no habría sido
posible una respuesta ni tan rápida, ni tan eficiente, en la gestión de esta
tragedia.
Puede que haya llegado el momento de replantearse, en
profundidad, la intención privatizadora que ha estado propiciando este Gobierno
y de cuidar con mimo el tesoro impagable que representa la actitud de estos
funcionarios españoles, a los que no habrá modo de agradecer, ni en toda una
vida, su entrega, su profesionalidad y el buen gusto de no hacer alarde de cuánto
han hecho aquí y ahora, por las víctimas, sus familias y por cada uno de
nosotros.

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