Se marcha el Presidente andaluz, antes de que el asunto de
los ERES acabe por salpicarle de lleno, dejando en su puesto a una joven
promesa del PSOE, elegida en unas extrañas primarias celebradas con excesiva
premura, que no ha dado tiempo al resto de los candidatos para reunir los
avales que se necesitan para que se dé la competencia.
Lo hace, aparentemente, de forma voluntaria, pero con el
aliento de la Juez Alaya soplándole en la nuca, dispuesta como está a llegar al
fondo de esta trama de corrupción inaceptable, que utilizó los fondos
destinados a los parados, para prejubilar a adeptos socialista, que nunca
habían trabajado en las empresas y para enriquecer a ciertos cargos de nivel
medio en el Partido, pero con el presunto conocimiento de quienes lo dirigen,
en esta Comunidad.
Este escándalo de incalculables dimensiones, que bien podría
acabar con la hegemonía que los socialistas han venido gozando en Andalucía
desde la llegada de la Democracia, es el segundo frente en importancia que
libra la Justicia española y después de la Gurtel, se ha convertido en la mayor
preocupación para la clase política, tan desvirtuada últimamente, a causa de
las corruptelas.
También es el tema de batalla que más gusta a los populares,
que han encontrado en él una forma de desviar la atención de los ciudadanos de
las paredes de la calle Génova y de “justificar”, llegado el caso, su
financiación ilegal, amparándose en la premisa de que esta forma de obtener
fondos no es exclusiva de sus siglas, sino que parece haberse convertido en
costumbre para todas las formaciones políticas.
Sin embargo, la podredumbre que los ciudadanos nos vemos
obligados a soportar a nuestro alrededor, mientras se derrumba el estado de
bienestar del que gozábamos, impregna la cotidianidad forzándonos al convencimiento
de que cuando se entremezclan política y dinero, no existe la limpieza y está
terminando de raíz, con cualquier convicción ideológica que pudiéramos tener,
instalando en nuestros corazones una desconfianza cerval, hacía cualquiera de
los que nos representan.
En la creencia de que nadie pagará por los abusos cometidos,
si van o vienen los políticos de turno, sinceramente, nos importa poco y la
vida de los españoles se va acercando cada vez más a una peligrosa
individualidad, en la que se lucha cuerpo a cuerpo y en soledad, en cada uno de
los avatares que nos acontecen.
Ni uno solo de los líderes actuales nos convencen y sus
discursos, a pesar de ser diametralmente opuestos, parecen caer en un pozo sin
fondo de desinterés, que únicamente podría desaparecer, si volviera la
actuación tajante de la Justicia.
Como decía Gaspar Llamazares, que a un ladronzuelo de poca
monta le caiga una sentencia mucho mayor que a cualquiera de los muchos
delincuentes financieros que circulan impunemente por los juzgados del País, no
deja de ser una grave e incomprensible contradicción, que hace tambalearse los
cimientos mismos de la Democracia.
Y que las causas de los saqueadores de las arcas estatales se sobresean, que sus
penas sean continuamente rebajadas y que los fiscales obvien su papel acusador,
favoreciendo descaradamente a los implicados con sus objeciones a las teorías
de los jueces, se ha convertido en una
epidemia incurable, que asola con su paso el territorio nacional, sin que nadie
encuentre el remedio que la haga desaparecer de manera radical y sin clemencia.
Por eso, que se vaya Griñán, o que finalmente el diario El
Mundo encuentre el modo de hacer dimitir a Rajoy, solo tiene una importancia
relativa, si no es acompañado de un esclarecimiento total de las sospechas que
sobre ellos se tienen y de una condena contundente, en el caso de probarse su
implicación en los hechos.

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