Sospechosa inocencia

Los empresarios citados por el Juez Ruz  niegan, casi por unanimidad, haber hecho cuantiosas donaciones al PP, para que revirtieran a su favor en la concesión de obras públicas, como parece indicarse, si se comparan las fechas de esas concesiones, con las que aparecen en los papeles de Bárcenas.

Nada más lógico, si se piensa que reconocer donaciones que sobrepasan los límites establecidos por la Ley, además de constituir un delito, probaría la financiación ilegal del Partido que supuestamente les favoreció y al que además, se acusa de haber empleado parte de los fondos recaudados de esta manera, en pagar sobresueldos en negro, a la mayor parte de la cúpula que ahora se sienta en Génova y que para más inri, forma parte del actual gobierno de la Nación.

Flaco favor haría el juez a la justicia, si dando crédito a la unánime negativa, abandonara la investigación en esta materia y diera por terminada la instrucción de estos hechos, que tanta polémica ha levantado y tantos titulares ha dado a la prensa en los últimos tiempos.

Ya hemos dicho muchas veces que cualquier delincuente, por pequeño que sea, nunca reconoce de motu propio haber cometido delito y trata por todos los medios de preconizar su inocencia, apoyándose en cuántos medios legales le sean posibles para que no se pueda demostrar su autoría.

Este caso no iba a ser menos. Sobre todo si se tiene en cuenta que las implicaciones que en él se intuyen, sobrepasan con creces los límites de la moralidad y podrían destapar una de las corruptelas políticas mejor fraguadas de cuántas se han descubierto en el País y que nunca se habría conocido, si al ex tesorero del PP no se le hubieran encontrado más de treinta y ocho millones de Euros en Suiza y la formación a la que pertenece, no hubiera decidido abandonarle a su suerte, provocando en él una reacción inmediata contra los que, bajo su punto de vista, le han traicionado, cuando más les necesitaba.

Por otra parte, reconocer los donativos, traería consigo el hecho de haber aceptado un chantaje, con la única intención de poder trabajar después a las órdenes de la administración, demostrando que de otro modo, las obras nunca les hubieran sido concedidas, por buenos que fueran sus presupuestos y por maravillosos que fueran los equipos de expertos con que cada uno contaba.

Pero poco a poco, las piezas van encajando inexorablemente en este puzle, cuya dificultad era extrema, y los numerosos indicios de que dispone la justicia, más pronto que tarde, acabarán por esclarecer los hechos  y por señalar sin ningún género de duda, a los que hubieren sido culpables.

Entretanto, los españoles no hacen otra cosa que preguntarse qué clase de garantías puede ofrecerles un gobierno que actualmente se encuentra sentado en el agudo filo de esta navaja y sobre el que no paran de recaer nuevas sospechas diarias de complicidad, en determinados asuntos, siempre relacionados con una corrupción que parece haber invadido el espacio político y que no deja lugar a la confianza, a la esperanza o a la ilusión, manchando con su negra suciedad todo lo que toca.

El conocimiento de la verdad, se hace pues, inaplazable y urgente y ya no basta a los ciudadanos con que las informaciones aparecidas en prensa den a entender lo que pudo ocurrir en este entramado, ni tampoco con que se vaya imputando con cuentagotas a una serie de personajes relevantes a los que nunca termina de juzgarse.

La sociedad necesita justicia. Cruda, inapelable, descarnada y ecuánime, que siente en el banquillo a quienes haga falta, que pruebe su implicación en los hechos, que les condene sin piedad a las máximas penas, que devuelvan lo que robaron y que las sentencias se cumplan.