Cuando no queda nada

La estafa no resuelta de las acciones preferentes acarrea, como muchos esperábamos, un primer brote de violencia protagonizado por un policía municipal que psicológicamente afectado por la pérdida de sus ahorros de toda la vida, apuñala al empleado de banca que se los vendió, al culparle directamente de su ruina, por ser con él con quién trató el asunto en todo momento.

No es éste, ni será el primer caso en que los afectados cargan su ira contra aquellos que conociéndoles desde hacía años, se tomaron la libertad de embarcarles en una aventura  de cuyo riesgo no fueron informados, llevándoles en bandeja de plata hasta las mismas puertas de un desastre económico que ha terminado, como todos sabemos, con la tranquilidad de más de un millón de ahorradores, que ahora necesitaban de su dinero para ir paliando los efectos de la crisis.

Durante demasiado tiempo, Gobierno, entidades Bancarias y Justicia, se han desentendido de este problema, como si la versión que ofrecen las víctimas de la monumental estafa no fuera cierta y todos los que compraron este producto fueran expertos en economía y por tanto, conocedores de que podían perderlo todo apostando por ellos.

Pero lo cierto y verdad, es que este numeroso grupo de personas fueron conscientemente engañados por los directores de las sucursales, incluso a pesar de saber que una gran parte de sus clientes se trataban de personas sin ningún tipo de formación, que, simplemente, confiaban plenamente en quienes tenían enfrente.

Muchas veces hemos dicho que cuando a uno no le queda nada que perder está dispuesto a todo y que el miedo que genera ser posesor de cosas materiales, queda anulado en cuanto la prosperidad se convierte en miseria.

Este caso no podía ser una excepción y este apuñalamiento de hoy, con toda probabilidad, no será la última de las acciones violentas que traiga este enrevesado asunto, ya que la desesperación de las víctimas y el abandono en que se encuentran, no hará otra cosa que generar en ellas un deseo irrefrenable de hacer por sí mismas, la justicia que se les niega desde todos los organismos del Estado.

Y no vale la excusa de que los empleados de Banca cumplían con un mandato de sus superiores al ofertar las preferentes. Como expertos que son, ellos si tenían la obligación de estar al tanto de lo que traían entre manos y sin embargo, ninguno de ellos denunció la existencia del fraude, a pesar de que fueron muchos los bancos que participaron en él, de manera impune  y a sabiendas de que todo podía acabar exactamente como ha terminado.

Es verdad que la inmensa mayoría de afectados ha decidido afrontar el problema con un tipo de lucha pacífica, pero la inestabilidad emocional que están causando estos efectos colaterales de la crisis en quienes han sido arrastrados por ellos, es una bomba a punto de estallar, si se les sigue negando el amparo necesario que su problema requiere y no se resuelve de manera justa este asunto.

Y como no pueden atacar frente a frente a los auténticos responsables de su desgracia, la única opción que les queda es la de proyectar su frustración contra  los que les atendieron en aquel momento, prometiéndoles una rentabilidad para sus ahorros, que después ha desaparecido junto con ellos, por el desagüe de las oficinas bancarias.    

Puede que determinados actos no tengan justificación, pero ¿la tiene permitir que los pequeños ahorradores de este país hayan de renunciar a lo que consiguieron guardar con el sacrificio de toda una vida, mientras los grandes defraudadores se pasean en libertad por las calles o se acogen a una ley fiscal que blanquea automáticamente un dinero, a lo mejor, procedente de los bolsillos de estas víctimas?