Si creían los magistrados de la Audiencia Nacional que
obligando al Juez Castro a levantar la imputación a la Infanta Cristina iban a
cerrar el capítulo de su posible implicación en el caso, se equivocaban
estrepitosamente o no contaban con la reacción de quién lo lleva y que viene
demostrando, con creces, su voluntad de llegar al fondo de este asunto, caiga
quien caiga.
Dudar del buen hacer de Castro, posiblemente a causa de las
fortísimas presiones ejercidas por el entorno de la Infanta, en lugar de
provocar en él el lógico desánimo que podría producir toda injusticia, ha
tenido precisamente, el efecto contrario y parece haber inyectado en el Juez
una elevada dosis del ánimo necesario para seguir cumpliendo con su obligación,
aunque para ello tenga que echar mano de algún que otro subterfugio legal, que
le permita llevar las cosas, exactamente por el camino que quiere.
Urdangarín y su esposa, por otro lado, tampoco han estado
bien asesorados en la cuestión de la entrega de sus declaraciones de la renta y
precisamente esa negativa, ha provocado, ipso facto, la reacción natural de
Castro, que exige en virtud de derecho, que los datos fiscales de los cónyuges
les sean presentados a la mayor brevedad y sin posible réplica.
No es nueva la táctica de sustituir una imputación por otra,
para delincuentes escurridizos a los que es difícil llevar hasta un banquillo
de acusados, en el que merecen estar por múltiples y variadas razones. Ya se ha
hecho muchísimas veces y como ejemplo, bastaría recordar el caso de Al Capone,
que fue condenado por el delito de evasión de impuestos, al ser prácticamente
imposible demostrar su más que probada implicación en multitud de crímenes en
los que había intervenido a ciencia cierta, pero que siempre escapaban a la actuación
de la justicia.
Así que el Juez Castro ha debido pensar que si le han
construido un muro infranqueable que no podrá atravesar sin la necesaria ayuda
de sus propios compañeros, no le queda otro remedio que buscar alguna rendija
entre el cemento, por la que empezar a cavar, hasta conseguir finalmente, un
modo de atravesarlo, aunque no de la forma que inicialmente tenía prevista,
pero con igual resultado para los implicados en este asunto.
La admirable voluntad de este Juez, que camina solo ante el peligro
y que se declara dispuesto a cumplir estrictamente con su obligación de
impartir una justicia igualitaria, puede que se vea ensombrecida por la
actuación de una mayoría de juristas, pero representa un halo de esperanza, a
los ojos de una ciudadanía cansada de soportar que políticos y personalidades
de renombre salgan impunes de cualquier delito fiscal que cometieren,
únicamente por ser quiénes son o llevar los apellidos que llevaren.
Poco ha durado la tranquilidad a la familia real, que
probablemente esperaba una obediencia ciega a su voluntad, por parte de los
organismos jurídicos, pero que no contaba con que, por suerte, algunos
ciudadanos, sea cual sea su oficio, no se dejan amedrentar por amenazas ni
manipulaciones y son capaces de seguir adelante, por poderoso que sea el
enemigo que tienen enfrente.
Ojala que el Juez Castro encuentre la manera de administrar
una justicia estricta y cabal, en este enrevesado asunto de negocios
fraudulentos organizados desde los salones palaciegos y que los culpables
expíen su culpa, allá donde les corresponda y sin gozar de favoritismo alguno,
por razones de rango.
España entera aplaudiría que lo consiguiera y que no le quede
ninguna duda al Juez, de que los ciudadanos estamos con él y aplaudimos con
fuerza el coraje que está demostrando, en su afán de esclarecer esa verdad que
otros se empeñan en ocultarnos.

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