Como muchos ya esperábamos, el caso Urdangarín se le pone
difícil al juez Castro y la Audiencia levanta la imputación que existía sobre
la Infanta Cristina, para vergüenza de este país, tan acostumbrado, por
desgracia, a este tipo de favoritismos.
Dice la Audiencia que
no hay indicios para la imputación, lo que coloca a la Infanta en una especie
de limbo, al margen de su propia cotidianidad, dado el “aparente”
desconocimiento que tenía, acerca de las actividades económicas de su esposo,
aunque eso sí, aprovechando todas las ventajas que sus acciones le deparaban y
que la hacían disfrutar de un modo de vida, muy por encima de las posibilidades
que le hubieran correspondido, si el dinero hubiera sido ganado honradamente.
Habiendo seguido el desarrollo de las investigaciones, todo
apunta, sin embargo a una implicación directa en estos negocios que tan buenas
ganancias han obtenido y no hace falta siquiera ser un experto en leyes, para
que todo un cúmulo de sospechas apunten directamente a la persona de Cristina
de Borbón, como coprotagonista de las truculentas historias que organizaba su
marido, con el cual, además, convivía.
Pero las cosas son en España, como son y el principio de
igualdad entre los ciudadanos de este País, se vulnera sin ningún recato,
cuando se trata de políticos o, como en este caso, de la realeza y la impunidad
total de que están disfrutando estas castas intocables, se hace mucho más
evidente cuando es apoyada al cien por cien, por el favoritismo descarado que
demuestran los jueces, fallando continuamente a favor de los que pertenecen a
ellas.
¿Cómo puede pues la ciudadanía creer en la equidad y confiar
en un poder judicial que de manera permanente se pone del lado de los
poderosos, aunque con su actitud se perjudique fatalmente, el desarrollo de la
propia justicia?
Hay que reconocer que nos lo ponen tan difícil, que no queda
otra opción que la de pensar que la mayoría de nuestros jueces, hace tiempo que
abandonaron los principios que deben mover su profesionalidad, para
convertirse, directamente, en instrumentos que maneja el Estado.
Así, casos sangrantes como los de los desahucios o los de los
afectados por las preferentes, esperan sine díe, que se falle a favor de la
razón que asiste a sus protagonistas, chocando a diario con un muro
inexpugnable de cerrazón e indiferencia.
Claro que ninguno de ellos se llama Borbón, ni tiene la
suerte de ser hijo o pariente del monarca de España.
¿No es para preguntarse dónde está la Justicia?
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