Una solución inaceptable

La coalición PSOE-IU, en el poder en Andalucía, empieza a frustrar las esperanzas de sus votantes con un ataque directo a las bases de su funcionariado, volviendo a recortar los salarios, como si no fuera posible otra solución para atacar el déficit.
De nada sirve al pueblo que se haga referencia a la presión del Gobierno Central sobre la Comunidad, ni dolerse de los recortes presupuestarios con que ha castigado a esta tierra el gobierno. No es propio de socialistas ni comunistas atacar los derechos de los trabajadores y mucho menos restar lo que les corresponde en justicia a cambio de su esfuerzo, volviendo a incurrir en el error de gravar a la misma gente, como si estuvieran condenados a sufragar en exclusiva los horrores de una crisis, que por supuesto no provocaron y que por segunda vez, les ataca en la base misma de su nivel de vida.
Podrían, por ejemplo haber dado carpetazo a las inútiles Diputaciones de todas las ciudades andaluzas, o haber reducido el número de parlamentarios o, simplemente haber auditado en profundidad las finanzas de los Ayuntamientos, exigiendo la devolución inmediata de cualquier gasto que no se encuentre perfectamente justificado, pero resulta mucho menos escandaloso pedir un nuevo esfuerzo a los trabajadores, que tener que desenmarañar los escabrosos asuntos que los políticos de todo signo traen entre manos, y que llevaría hasta los tribunales a más de uno, aunque también en estos casos, la justicia volviera a encontrarlos “totalmente inocentes”.
No eran éstos los principios que prometían, durante la campaña electoral, ambos partidos, apelando al voto de la izquierda como única solución frente a los recortes sociales del monstruo conservador, ni en ningún momento se aludió a una nueva reducción de sueldo para el sector público comunitario, ni mucho menos a una subida generalizada de impuestos, que vuelve a colocar al borde del abismo a los ciudadanos inocentes, que nada tuvieron que ver con la burbuja inmobiliaria que nos llevó a la ruina.
No son éstas, desde luego, medidas que digan nada a favor de este reducto opositor, ni en nada se diferencian de las disposiciones adoptadas por Rajoy. Es seguir en la misma línea, gravando a los de siempre y volviendo a tomar el errático camino de la injusticia, que tanto hartazgo ha provocado en una ciudadanía, ya convencida de que no existe ninguna diferencia entre políticos de distinto signo.
Este incumplimiento descarado del contrato laboral por el que se rigen los funcionarios, ha de ser necesariamente delito y cómo tal ser considerado, si alguien se atreve a poner en manos de los tribunales la tropelía que con él se comete.
Esta agresión reiterada a un mismo colectivo, venga de donde venga, debe ser inmediatamente contestada con movilizaciones que podrían derivar, como ya ha pasado en otros casos, en un absentismo laboral generalizado o en una situación de brazos caídos durante el horario lectivo, como una manera de compensar la considerable pérdida de poder adquisitivo que están sufriendo los empleados públicos, que también tienen compromisos adquiridos y deudas que pagar, como el resto de los españoles.
La desilusión que estas medidas han provocado en el pueblo andaluz es, por supuesto, lo peor que podría pasarle a esta recién estrenada coalición y a la credibilidad de sus componentes y ya no queda otro remedio que corear la consigna que tanto han gritado los indignados en los últimos tiempos, ya que los hechos les están dando la razón. Éstos, tampoco nos representan.