Hablando de morosos

Los españoles no merecemos el trato que nos dan los políticos.Primero nos embarcan en una aventura dulce de despilfarro y vida alegre, en la que nos hacen creer en que es factible acercarse al poder adquisitivo de los ricos, para después dejarnos despeñar por el precipicio de la desesperación, al volver a la cruda realidad de saber que todos aquellos créditos, que tan fácilmente nos habían concedido los bancos, se convierten en imposibles de pagar, cuando de la noche a la mañana, nos quedamos sin empleo y, por lo tanto, sin los recursos necesarios, para hacer frente a las innumerables deudas, que durante años nos habían consentido.
Al prolongarse la situación, es fácil imaginar que no paran de subir los índices de morosidad, y que sin esperanza alguna de futuro, estas listas macabras seguirán aumentando numéricamente, sobre todo desde que el despido libre es un hecho y no hay manera de atajar el problema del desempleo, ni por supuesto, de recuperar la dignidad salarial que, hasta hace sólo unos años, habíamos ido consiguiendo con enorme esfuerzo.
Naturalmente, los medios de comunicación cumplen con el deber de informarnos periódicamente de la progresión de esos índices de morosidad y parecen convertirlo, exclusivamente, en un problema relacionado con el ámbito de las familias, como si los ciudadanos hubieran decidido, por propia voluntad, abandonar el buen hábito de saldar sus deudas y hubieran aprendido a convivir con ellas, de manera natural y sin sobresaltos.
Huelga decir que no es así, que detrás de cada moroso hay una dolorosa historia de impotencia, que refleja fielmente la dramática situación en que se mueve una gran parte de un país, que llora desconsoladamente la pérdida de una época mejor, sin confianza en poder solucionar nunca, aquello que ahora, le parece una pesadilla que le perseguirá de por vida.
Y sin embargo, los ciudadanos morosos no emprenden solos este viaje, ni son sus deudas las más importantes en la economía general. Los más grandes deudores, actualmente, son, y en cantidades astronómicas, fundamentalmente los Ayuntamientos y también, en menor medida, otros organismos oficiales, a los que nadie se atreve a culpabilizar o reprochar su falta de previsión en este asunto.
Y mientras el ciudadano convive a duras penas con su triste realidad, en una soledad legal que raya en la más estricta injusticia, estos morosos profesionales de la clase política, aún se atreven a utilizar los escasos recursos públicos en insuflar ayudas millonarias que palien la escandalosa verdad en que, los incontables casos de corrupción han dejado a los Consistorios de nuestras ciudades y pueblos.
Ningún listado nos da cuenta de hasta qué punto llegan esas deudas, ni esclarece los motivos reales de la ruina colectiva que nos azota, más que en las leves insinuaciones que se hacen desde los púlpitos mitineros, cuando, en un cruce de acusaciones, los partidos se dedican a criminalizar las acciones de sus oponentes, sin que al final, esto suponga una solución directa al auténtico problema de fondo.
El vergonzoso endeudamiento en que se encuentran las principales ciudades, como Madrid, Barcelona o Valencia, habla por sí mismo de la desastrosa gestión de sus gobernantes y de cómo el dinero que, religiosamente, se ha recaudado de los contribuyentes, o ha sido funestamente invertido, o se ha esfumado a los paraísos fiscales, en los maletines de algunos señores de corbata, de ésos que después se atreven a reclamar nuestro voto, en una demostración espléndida de que la avaricia no tiene límites.
Si por la sociedad fuera, ni un solo céntimo de sus impuestos tendría que ir a solucionar los problemas de estos despilfarradores profesionales, aunque los Ayuntamientos acabaran por hundirse, como merecido castigo a sus gestores.
Donde tendría que ir el dinero, es a paliar los problemas familiares de los morosos de poca monta que son parte de una ciudadanía a la que se engañó miserablemente con aquellos delirios de grandeza.
Nosotros, somos las víctimas de la enorme estafa perpetrada impunemente por nuestros políticos, a favor de un ficticio estado de bienestar, que al final, ha traído estas consecuencias.
Reformar el Código penal, para que cada cuál asuma su culpa, en la medida en que marque una ley igual para todos, debe ser prioritariamente exigido, por quien, desde su inocencia, es injustamente acusado de un delito que no comete por voluntad propia y, desde, luego, cabría también pensar, hasta que punto es de recibo seguir contribuyendo con nuestros impuestos al descontrol económico de los Ayuntamientos.
Y de lo que verdaderamente debíamos ser puntualmente informados, con minuciosidad, es de la evolución que toman estos organismos en su gestión, una vez recibidas las ayudas benefactoras, que el generoso gobierno popular ha decidido otorgarles, no vaya a ser que también caigan en manos de algún otro avispado, que las utilice, de nuevo, para enriquecimiento personal, como si el dinero de todos ffuera en un cheque expedido a su nombre.