La otra historia de España

A pesar de que el próximo primero de Abril se cumplirán setenta y tres años del final de nuestra guerra civil, miles de familiares de los relacionados con el bando perdedor, continúan sin saber el paradero de los suyos, desaparecidos entonces, y supuestamente muertos y enterrados, en alguna de las múltiples fosas comunes que salpican todo el territorio nacional.
Creyeron estos descendientes, que la Ley de Memoria Histórica acabaría por esclarecer las circunstancias en que los suyos perdieron la vida y traería un poco de paz al desasosiego de no tener siquiera, la certeza de haberlos perdido para siempre.
Muchas de estas desapariciones, incluso, se produjeron una vez finalizada la contienda y se trataron de un genocidio ideológico, con el que los vencedores trataron de borra cualquier vestigio de oposición a su política, claramente hermanada con las teorías fascistas, contra las que se combatió en la segunda guerra mundial.
Pero lejos de serles facilitadas las cosas, el suyo ha sido un rosario de penalidades que, en las más de las veces, ha topado con la incomprensión de una justicia con implicaciones personales cercanas al bando vencedor, y que no ha hecho otra cosa que obstaculizar la apertura de las fosas, coreada por el Partido Popular, ahora en el gobierno.
El juicio al Juez Baltasar Garzón, por inmiscuirse en esta causa, es la punta del iceberg que viene a corroborar la idea de que muchas de estas familias, morirán sin tener derecho a una explicación de las vicisitudes que llevaron a los suyos ante los paredones de fusilamiento y sin alcanzar el sueño de poder recuperar los restos de sus antepasados, ni obtener un desagravio por la deshonra que se vieron obligados a vivir, simplemente, por el hecho de tener relación sanguínea con ellos.
Estamos oyendo estos días los testimonios que ante los magistrados que juzgan a Garzón, están prestando una reducida parte de los allegados a los desaparecidos. Ancianos, hijos de aquellos, que con lágrimas en los ojos, relatan cómo sus padres fueron sacados de sus domicilios en plena noche y arrastrados a la muerte, sin que nunca más se tuviera noticia de ellos.
Nietos que representan la tercera generación, siguen buscando a sus muertos, sin que se revuelva la conciencia colectiva de este país, demandando con urgencia conocer la verdadera historia que se oculta bajo sus campos, salpicados de cadáveres, a los que nadie aplica justicia.
No es como dice la derecha, un afán de revanchismo ni de venganza, lo que mueve a estas personas a continuar en una lucha que parece eterna. Es su derecho inalienable a poder enterrar en paz a sus muertos y poder tener la satisfacción de que alguien diga, por fin, que no fueron asesinos, ni delincuentes, puesto que su único delito conocido fue el de reclamar una libertad de pensamiento, que fue sepultada el mismo día en que se produjo el golpe de estado del 36.
El empecinamiento de las derechas en tratar de contarnos otra historia de España, en la que su imagen queda salvaguardada de cualquier mancha que pueda relacionarla con lo que verdaderamente ocurrió, resta al pueblo español la oportunidad de conocer los hechos que conformaron su posterior destino y hace inexplicables unos años de nuestras vidas, disfrazando y sesgando una realidad, con la que habremos de convivir, sea lo terrible que fuere.
El gravísimo error de la izquierda española fue, visto ahora, avenirse a empezar la transición sin haber aclarado antes minuciosamente este asunto y demostrar una generosidad inmerecida para no exigir una rígida aplicación de las leyes, en relación a los crímenes cometidos.
Se pensó erróneamente, que con el tiempo, podría abordarse el tema sin acritud y restablecer el honor de las víctimas y sus descendientes, cerrando por fin este ignominioso episodio, celosamente silenciado durante los años de la dictadura. Pero ha pasado demasiado tiempo y sólo unos pocos afortunados han podido acceder a las fosas comunes para recuperar a los suyos. Los que no lo han conseguido hasta ahora, dudan que bajo el mandato del gobierno conservador se autoricen más inhumaciones, sin entender qué oscuro interés puede mover a los que se niegan al ansiado reencuentro.
Las asociaciones de familiares de represaliados, chocan continuamente contra un muro de incomprensión indestructible, que ni siquiera se compadece de la angustia que manifiestan haber tenido, durante más de tres generaciones y envidian la suerte de otros países que se han atrevido y se atreven a investigar sucesos parecidos a éste.
Y no solo ellos. Un par de historiadores, por ejemplo, al reclamar información sobre uno de los juicios sumarísimos celebrados entonces, fueron inmediatamente visitados por la guardia civil, que les exigió una explicación de para qué necesitaban los documentos. Al serles entregados, los nombres de los oficiales que constituyeron el tribunal, habían sido borrados con tipex. Su razón era que estaban escribiendo u n libro sobre la represión franquista en un pueblo de Andalucía. Sólo pudieron contar la mitad de la historia.
Quizá algún día podamos terminar de escribir nuestra propio relato y salga a la luz el número exacto de víctimas que acarreó nuestra, ya lejana, guerra fratricida. Por ahora, seguimos anclados al más inexpugnable de los silencios y podemos asegurar, sin temor a equivocarnos, que hay un enorme interés en mantenernos en la ignorancia, sin ninguna esperanza de que se haga justicia.