Si a nuestros políticos les quedara un mínimo de pundonor, la noticia de que una madre valenciana se ha visto obligada a recaudar ocho mil euros, para que una investigadora, afectada por los recortes, pudiera continuar su investigación sobre la diabetes, removería todos los resortes institucionales y daría la medida exacta de lo que en el país, es verdaderamente importante y lo que resulta para los ciudadanos, meramente superfluo.
Entretanto, los españoles tenemos que soportar miles de juicios por corrupción, fundamentalmente protagonizados por aquellos que debido a sus cargos, poseen un altísimo poder adquisitivo, en los que casi siempre se acaban dictando sentencias, que diluyen en la nada el saqueo al que las arcas del Estado son sometidas, por esta suerte de prevaricadores sin vergüenza, que pueblan las instituciones, con el único objetivo, de enriquecerse a costa del sudor de los contribuyentes.
Si por ley se exigiera la devolución total de lo sustraído, a todos los que se atreven a esquilmar los recursos públicos, probablemente no habría necesidad de recurrir a recortar partidas destinadas a corregir enfermedades, u otras relacionadas, directamente, con mejoras sociales que alivian las múltiples carencias que nos ahogan en la actualidad.
Pero se ha perdido el sentido del pudor, cuando un Presidente de gobierno, que dice representar a todos los españoles, se sienta delante de unas cámaras de televisión para decirnos, con voz lastimera, que le ha resultado muy amargo tener que recurrir a una subida de impuestos encubierta, para remediar la grave situación económica encontrada, cuando ha llegado al cargo que ocupa.
Mientras, antiguos presidentes de comunidades autónomas regentadas por su propio partido, se sientan en el banquillo de los acusados, para responder, al menos de cara a la galería, de algunas de sus prácticas corruptas, en casos como el Gurtal o el Palma Arena.
Poco queda que añadir ante semejante contradicción, que pone en entredicho la credibilidad futura de cualquiera que se vea inmerso en ella y que no explica, en absoluto, por qué los ciudadanos tenemos que pagar los excesos cometidos, en uso del poder, por estos piratas políticos, que a diario se extralimitan en sus funciones, buscando colmar sus aspiraciones de riqueza y exigiendo esfuerzos a los demás, para alcanzar sus malévolos fines.
Y da igual si se paralizan investigaciones médicas, si se retiran ayudas como la establecida por la ley de dependencia o se cierran casas de acogida para mujeres maltratadas. Lo único verdaderamente importante es que nuestra clase política y la Banca, no pierdan un ápice de las muchas prebendas que las colocan, por encima del bien y del mal.
La escuálida moralidad que aún pudiera quedarnos, es rápidamente borrada de un plumazo por la justicia, que es incapaz de colocar a la delincuencia de alto standing donde debiera estar: entre rejas.
Vergonzoso.
Entretanto, los españoles tenemos que soportar miles de juicios por corrupción, fundamentalmente protagonizados por aquellos que debido a sus cargos, poseen un altísimo poder adquisitivo, en los que casi siempre se acaban dictando sentencias, que diluyen en la nada el saqueo al que las arcas del Estado son sometidas, por esta suerte de prevaricadores sin vergüenza, que pueblan las instituciones, con el único objetivo, de enriquecerse a costa del sudor de los contribuyentes.
Si por ley se exigiera la devolución total de lo sustraído, a todos los que se atreven a esquilmar los recursos públicos, probablemente no habría necesidad de recurrir a recortar partidas destinadas a corregir enfermedades, u otras relacionadas, directamente, con mejoras sociales que alivian las múltiples carencias que nos ahogan en la actualidad.
Pero se ha perdido el sentido del pudor, cuando un Presidente de gobierno, que dice representar a todos los españoles, se sienta delante de unas cámaras de televisión para decirnos, con voz lastimera, que le ha resultado muy amargo tener que recurrir a una subida de impuestos encubierta, para remediar la grave situación económica encontrada, cuando ha llegado al cargo que ocupa.
Mientras, antiguos presidentes de comunidades autónomas regentadas por su propio partido, se sientan en el banquillo de los acusados, para responder, al menos de cara a la galería, de algunas de sus prácticas corruptas, en casos como el Gurtal o el Palma Arena.
Poco queda que añadir ante semejante contradicción, que pone en entredicho la credibilidad futura de cualquiera que se vea inmerso en ella y que no explica, en absoluto, por qué los ciudadanos tenemos que pagar los excesos cometidos, en uso del poder, por estos piratas políticos, que a diario se extralimitan en sus funciones, buscando colmar sus aspiraciones de riqueza y exigiendo esfuerzos a los demás, para alcanzar sus malévolos fines.
Y da igual si se paralizan investigaciones médicas, si se retiran ayudas como la establecida por la ley de dependencia o se cierran casas de acogida para mujeres maltratadas. Lo único verdaderamente importante es que nuestra clase política y la Banca, no pierdan un ápice de las muchas prebendas que las colocan, por encima del bien y del mal.
La escuálida moralidad que aún pudiera quedarnos, es rápidamente borrada de un plumazo por la justicia, que es incapaz de colocar a la delincuencia de alto standing donde debiera estar: entre rejas.
Vergonzoso.
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