Últimamente, los españoles hemos de ir de Tribunal en Tribunal, si queremos estar al tanto de las noticias y además, las sentencias que se emiten en cada uno de ellos, no hacen otra cosa que aumentar la enorme indignación con que nos vemos obligados a vivir, y nuestra desconfianza en cualquier tema que tenga que ver con la justicia.
En estos momentos, estamos pendientes de las causas contra los implicados en el caso Gurtel, contra el ex presidente balear, contra Fabra, contra Urdangarín y contra el Juez Garzón, que en una semana, ya se ha sentado dos veces en el banquillo.
En ninguna de ellas esperamos el esclarecimiento de la verdad. En las que tienen que ver con la corrupción, porque nunca se exige la devolución de lo robado, además de la inhabilitación vitalicia de los que se atrevieron a quedarse con los dineros públicos y en la del Juez, porque está claro que sus procesamientos tienen más que ver con ideologías que con ecuanimidades.
Aún colean también, sentencias como la del caso Marta del Castillo, que ayer protestaron en Sevilla más de cuarenta mil personas y que aún puede ser peor, si el Supremo cambia el asesinato por homicidio y resta cinco años de condena, al único culpable declarado que permanece en prisión.
Llegados a este punto, y dejando a un lado, por una vez, la economía, parece urgente una revisión del Código Penal, que reste a los jueces la libertad de interpretar las leyes a su gusto, e imponga un mismo rasero, implacable, para cualquier delito relacionado con el asunto que sea.
Esto de la interpretación de las leyes, es un poco, una personalización descarada de la justicia y da a quien se sienta en la presidencia de un tribunal, la potestad de hacer y deshacer lo establecido, a favor o en contra de sus apetencias.
Los ciudadanos necesitamos saber que estamos protegidos, no porque lo que nos atrevemos a denunciar, guste o no al juez que se encargue de nuestra causa, sino porque una ley igualitaria, salvaguarde nuestros intereses, independientemente de nuestra ideología, o nuestra pertenencia a según qué clase social o colectivo, que puedan herir la susceptibilidad de quienes nos juzgan.
Muchos delitos quedan impunes, porque la sensación de indefensión que arrastramos, nos hace renunciar a cursar la pertinente denuncia, en la creencia de que, de antemano, nuestra causa está perdida o nunca puede prosperar.
El descontento generalizado es evidente, e incluso es hábilmente aprovechado por personajes como Ruiz Mateos, que hoy se atreve a decir en los medios, que él nunca ha hecho mal a nadie, sin que, desgraciadamente, haya mecanismos para demostrar su manera falaz de criticar a la justicia.
Es imprescindible, apear de su aura de poder a personas, que no son más que meros funcionarios públicos, teóricamente al servicio de los pueblos, y que no por vestir la toga de Juez, adquieren la facultad de discernir sobre el bien y el mal, según propias creencias.
Traer la justicia hacia los terrenos personales, es una forma clara de prevaricación, que sin embargo, convive con nosotros de manera natural, sin que nadie se escandalice.
La gran pérdida, la sufre la sociedad, cada vez más desengañada de los instrumentos que se vuelven contra ella, revestidos de la pomposidad que da el ejercicio de poder juzgar sin límite alguno.
En estos momentos, estamos pendientes de las causas contra los implicados en el caso Gurtel, contra el ex presidente balear, contra Fabra, contra Urdangarín y contra el Juez Garzón, que en una semana, ya se ha sentado dos veces en el banquillo.
En ninguna de ellas esperamos el esclarecimiento de la verdad. En las que tienen que ver con la corrupción, porque nunca se exige la devolución de lo robado, además de la inhabilitación vitalicia de los que se atrevieron a quedarse con los dineros públicos y en la del Juez, porque está claro que sus procesamientos tienen más que ver con ideologías que con ecuanimidades.
Aún colean también, sentencias como la del caso Marta del Castillo, que ayer protestaron en Sevilla más de cuarenta mil personas y que aún puede ser peor, si el Supremo cambia el asesinato por homicidio y resta cinco años de condena, al único culpable declarado que permanece en prisión.
Llegados a este punto, y dejando a un lado, por una vez, la economía, parece urgente una revisión del Código Penal, que reste a los jueces la libertad de interpretar las leyes a su gusto, e imponga un mismo rasero, implacable, para cualquier delito relacionado con el asunto que sea.
Esto de la interpretación de las leyes, es un poco, una personalización descarada de la justicia y da a quien se sienta en la presidencia de un tribunal, la potestad de hacer y deshacer lo establecido, a favor o en contra de sus apetencias.
Los ciudadanos necesitamos saber que estamos protegidos, no porque lo que nos atrevemos a denunciar, guste o no al juez que se encargue de nuestra causa, sino porque una ley igualitaria, salvaguarde nuestros intereses, independientemente de nuestra ideología, o nuestra pertenencia a según qué clase social o colectivo, que puedan herir la susceptibilidad de quienes nos juzgan.
Muchos delitos quedan impunes, porque la sensación de indefensión que arrastramos, nos hace renunciar a cursar la pertinente denuncia, en la creencia de que, de antemano, nuestra causa está perdida o nunca puede prosperar.
El descontento generalizado es evidente, e incluso es hábilmente aprovechado por personajes como Ruiz Mateos, que hoy se atreve a decir en los medios, que él nunca ha hecho mal a nadie, sin que, desgraciadamente, haya mecanismos para demostrar su manera falaz de criticar a la justicia.
Es imprescindible, apear de su aura de poder a personas, que no son más que meros funcionarios públicos, teóricamente al servicio de los pueblos, y que no por vestir la toga de Juez, adquieren la facultad de discernir sobre el bien y el mal, según propias creencias.
Traer la justicia hacia los terrenos personales, es una forma clara de prevaricación, que sin embargo, convive con nosotros de manera natural, sin que nadie se escandalice.
La gran pérdida, la sufre la sociedad, cada vez más desengañada de los instrumentos que se vuelven contra ella, revestidos de la pomposidad que da el ejercicio de poder juzgar sin límite alguno.

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