La verdad de la leyenda

No hay cosa peor en el mundo que convertirse en objetivo de las iras ajenas. Las leyendas negras suelen ser fáciles de crear y se expanden a golpe de rumor creciendo de una manera vertiginosa. Después resulta casi imposible demostrar la inocencia y si el monstruo es lo suficientemente grande, matarlo puede ser una utopía inalcanzable de por vida.
La fama adquirida `por los funcionarios de este país es sin duda, una de esas leyendas, la envidia y el objeto de deseo de los ciudadanos de a pie que los contemplan como posesores de un puesto de trabajo vitalicio sin muchas complicaciones, con un horario cómodo, vacaciones interminables y en general, con un carácter terrorífico en el trato con los demás a pesar de cobrar de ellos.
Es por eso, que tras conocerse las últimas medidas adoptadas por el gobierno, una inmensa mayoría de las personas encuestadas, han mostrado una clara satisfacción con la medida de la reducción de salarios para el personal de los organismos públicos y en cambio se han dolido de la congelación de las pensiones o la retirada del cheque bebé.
Pero la realidad del funcionario empieza con una serie de años dedicados rigurosamente al estudio en espera de acudir a un examen multitudinario y casi siempre durísimo en el que habrá de competir a muerte para conseguir una plaza. Detrás suele estar el sacrificio de toda una familia puesta a disposición del opositor a tiempo completo y un desembolso económico alto para conseguir la preparación que las pruebas exigen.
Alimentar la idea de que el funcionariado español es por naturaleza negligente supone un claro atentado contra la profesionalidad y el buen hacer de miles de profesores, médicos, científicos y personas de buena voluntad que ponen a diario su buen criterio y su saber estar al servicio de los demás ciudadanos. Juzgar al todo por el comportamiento de una minoría es injusto e incluso incoherente.
Esa vida maravillosa que muchos imaginan detrás de estos trabajadores, pasa a menudo por penalidades desconocidas para la mayoría, como tener que desenvolverse en condiciones de precariedad en el ámbito laboral o residir durante años lejos de su ciudad de origen sin que los sueldos se correspondan para nada con las funciones que realizan.
Sin embargo, es bastante común justificar las tropelías del gobierno de turno aduciendo la estabilidad en el empleo como si llegar a ocupar las plazas que desempeñan fuera un regalo llovido del cielo conseguido por arte de magia o por intervención divina.
Muy al contrario, la rebaja de estos salarios es la punta del iceberg que abre la puerta a las anunciadas reformas laborales que se avecinan y la aquiescencia que se demuestra ante este hecho, no hace otra cosa que dar facilidades a los gobernantes para decidir en un futuro próximo otras medidas de igual o mayor rigidez que podrían afectar al grueso de la población. Los funcionarios de este país no son una clase privilegiada a parte que se ha convertido de repente en objetivo de unos dirigentes justicieros, son el comienzo de una campaña desfavorecedora para los intereses de las clases obreras y un claro atentado claramente anticonstitucional para los derechos adquiridos de un grupo de iguales.
Prestar oídos a la palabrería que justifica un atentado de tamaña categoría es tirar piedras contra el propio tejado y querer comparar el nivel de vida de quienes no poseen más que el fruto del sudor con las grandes fortunas de los especuladores invasores de impuestos que por cierto, escapan indemnes a cualquier tipo de reforma o exigencia.
Es por esto que ha llegado el momento de desprendernos de sambenitos pasados de moda que equiparan la situación actual con los puestos concedidos en pago a la sumisión durante la dictadura franquista y salir a la calle en apoyo de los compañeros que han tenido la desgracia de ser los primeros en esta sin razón que les priva de lo que les corresponde a golpe de decreto.
La exigencia debe ir en otra dirección: que se haga cargo de la crisis quien la provocó y no fueron los funcionarios ni nosotros.