Jueces del ayer

La sospechosa unanimidad con que se produce la defenestración del juez Garzón quiebra del todo la confianza de los ciudadanos en la justicia. Otra vez la voz de la calle se encuentra frontalmente con el muro de incomprensión de un poder que supuestamente la representa. No se tiene en cuenta la opinión que internacionalmente avala la trayectoria del juez ni el clamor los familiares de las víctimas del franquismo. Prima el corporativismo frente a lo que erróneamente se consideran injerencias en su deliberaciones y se obvia la raíz del problema o simplemente, no interesa llegar a ella.
Todos sabemos que la caída del magistrado conlleva el efecto primordial de parar el caso Gurtel y a la vez en cierto modo, cierra todas las puertas a la esperanza de recuperar los cadáveres que permanecen enterrados en las cunetas desde los tiempos de la dictadura. Lo primero, nos niega la oportunidad de llegar a conocer los entresijos de una trama de corrupción de probables efectos nefastos para el Partido Popular y lo segundo nos arrebata de nuevo la posibilidad de conocer la verdad de nuestra propia historia impidiendo que las heridas cicatricen en todos aquellos que nunca recibieron justicia.
Privar a un país de su derecho a lo uno y a lo otro constituye o debería constituir un delito contra la rectitud que atenta contra los principios democráticos alterando la paz de las conciencias. Castigar a un hombre por su honradez o por su empeño denodado en el descubrimiento de la verdad va contra cualquier norma en un estado de derecho.
Poco pueden hacer los ciudadanos ante el endiosamiento de los poderes jurídicos y desde luego, nada nos está permitido en contra de su fallo inapelable pero aún es lícita la libertad de expresión para poder al menos, posicionarnos ante las barbaridades cometidas en nombre de la justicia.
Se han desoído los consejos de grandes hombres de la judicatura a los que se ha tildado poco menos que de terroristas de estado, se han obviado los múltiples artículos de la prensa internacional a favor de la labor de Garzón y en un alarde de vanidad sin precedentes, la resolución se ha tomado más como una afirmación de poder que como una decisión ecuánime e imparcial. Incluso han querido asegurarse de que no haya lugar a la impunidad en el nuevo destino al que el señor Garzón pudiera dirigirse.
La ausencia de toda humildad es patente en este episodio negro de nuestra historia e incluso podría sentar un precedente de claro autoritarismo en la administración de la ley ya que no es satisfacción suficiente haber convertido en cadáver al juez más objetivo del momento actual, sino que además, sería muy conveniente dar sepultura eterna al finado, a ser posible, en una de las cunetas que nunca llegarán a descubrirse.
Me pregunto con qué clase de defensa cuenta el ciudadano si sus más altos representantes forman parte de este elenco de estrellas eclipsadas que deambulan por la cúspide de su propio engreimiento sin preocuparse de su auténtico cometido. Y qué clase de país tolera tácitamente que esta casta de individuos retrógrados y cercanos a posturas fascistoides se auto declaren garantes de los derechos de sus habitantes.
El único consuelo que nos queda es el de desear con todas nuestras fuerzas no tener que acudir jamás a una sala de justicia ni depender para nada de sentencias salidas de mentes tan retorcidas y torpes.