Lo que nunca debió existir

Después de que hayan pasado casi cuarenta años desde que se instaurara en este país la Democracia y de que hayan circulado por Moncloa , siete Presidentes de Gobierno, al mundo de la política parece haberle entrado mucha prisa por terminar con los aforamientos que han constituido un privilegio para todos ellos desde el principio y que  los ciudadanos de a pie, juzgamos siempre como un asunto que nunca debió aprobarse, tal y como está expuesto, simplemente porque brindaba una especie de inmunidad  a unas doscientas cincuenta mil personas, si añadimos representantes policiales,  de la judicatura y la Casa Real, violando gravemente el derecho de  ante la justicia, que a todos debiera asistirnos de la misma manera.

Durante años, pero sobre todo en los últimos tiempos, hemos asistido atónitos a una serie de casos de corrupción, fundamentalmente relacionados con el mundo de la política, en los que por el hecho de ser aforados, muchos sospechosos se las han venido ingeniando para   evitar con total desfachatez, el hecho de poder ser imputados en estos delitos, estableciendo ante ellos una barrera infranqueable que les ha protegido de sentarse en los banquillos que ocupaba la gente corriente, provocando en la población en general, una suerte de indignación, que  pretende corregirse, en parte, pues los Partidos establecen criterios distintos, que no terminan de convencer  a los que creemos firmemente en una igualdad real de nuestros derechos.

Esta serie de prerrogativas de que disfrutan estos doscientos cincuenta mil aforados y que recuerdan ostensiblemente a las que disfrutaban los nobles en la Edad Media, no admiten ser afrontadas con medias tintas o contemplando exclusiones personales o motivadas por si los delitos que pudieran cometerse tuvieran que ver con el ejercicio de sus funciones o con la vida privada de cada cual, sino que deben ser eliminadas en su totalidad y de raíz, pues suponen un flagrante agravio comparativo con el resto de las personas que formamos parte de esta Nación y que nos vemos obligados en todo momento a someternos a los dictados de la Ley, si no queremos terminar siendo juzgados por Tribunales ordinarios que decidirán si somos culpables o inocentes de los delitos de que estuviéramos acusados.

Perderse en  disquisiciones absurdas o dividir en apartados distintos a los aforados, estableciendo entre ellos categorías o pretendiendo mantener la idea de la inviolabilidad de los miembros más relevantes de la Monarquía, resulta simplemente inaceptable, en cuanto se recuerda que vivimos en pleno siglo XXI y que ya de por sí, la Institución representa un reducto feudal sencillamente obsoleto y más aún cuando circulan por todas partes rumores de que el Rey emérito podría haber estado, presuntamente, cobrando comisiones indebidas y manteniendo durante años, cuentas en paraísos fiscales, mientras los demás nos enfrentábamos a la dureza de los peores años de la crisis, acusados además, por Rajoy y los suyos, de haber intentado vivir por encima de nuestras posibilidades, culpabilizándonos sin decoro, de todo cuánto estaba ocurriendo.

Lo que estaban haciendo una buena parte de estos aforados entretanto, como apropiarse indebidamente de fondos públicos, o extorsionar a los empresarios para obtener dinero negro destinado a financiar ilegalmente Campañas electorales o  simplemente al enriquecimiento personal obtenido a través de la evasión o el blanqueo, ha costado al bolsillo de los ciudadanos, que se sepa hasta ahora, una cantidad aproximada a los ochenta mil millones de euros, aunque al no haber podido juzgarse aún a muchos de los implicados, a causa de su aforamiento, no podemos calcular totalmente el montante de las operaciones fraudulentas que se han venido desarrollando a través de estas tramas, que seguramente nunca conoceremos.

Por ello y porque en conciencia no creemos que La Constitución actual haya de ser un documento intocable, cuyo contenido haya de permanecer tal como está, indefectiblemente, la cuestión de la supresión total de los aforamientos, no admite negociación o discusión, pues lo que los ciudadanos deseamos es que se nos considere exactamente iguales a todos los efectos, ante la Ley, sin que pueda haber, ni siquiera uno solo entre nosotros, que por cuestiones de apellidos o cargo, sea sostenido en volandas, disfrutando de este tipo de privilegios.

Si para ello se impone una Reforma urgente de la Constitución, que se haga y a ser posible, aprovechando la oportunidad para poner al día otras muchas injusticias que en  ella se contemplan y que aunque puede que fueran útiles en el momento en que se elaboró, los años transcurridos y los cambios naturales producidos en el país, se han encargado de invalidar, lógicamente.

Yo aconsejaría a Pedro Sánchez que no incurriera en el mismo error  que su antecesor y que se interesase todos los días en saber lo que piensa el pueblo, porque en el fondo, es la opinión de los ciudadanos la que suma o resta poder y los políticos, todos sin excepción, son simples aves de paso, aunque la mayoría de ellos adolezca del defecto de creer que ese poder les durará para siempre.

Proponga pues, señor Presidente, con toda la valentía que el momento requiera y con la sinceridad que siempre faltó a sus antecesores, una retirada total de los aforamientos. Atrévase. No se arrepentirá de hacerlo.