Guardándose la espalda, el Partido Popular interpone un
recurso ante el Tribunal Constitucional, oponiéndose a la candidatura de
Puigdemoint para ocupar la Presidenccia de la Generalitat, apoyándose en el
argumento de las circunstancias que se dan alrededor de este personaje y muy
fundamentalmente en el hecho de que en estos momentos, en España, se le
considera como un prófugo de la Justicia.
No quiere esperar el PP a ver qué sucede en los próximos
días, en el Parlament de Catalunya y temiéndose que vuelva a forzarse una
situación en la que se le conceda a Puigdemont la posibilidad de gobernar a
distancia y a quienes le acompañan en Bruselas,
la oportunidad de delegar el voto en otras personas que sí estén presentes, da
un paso al frente adelantándose a cualquiera que sea la decisión que se tome a
este respecto, confiando en que el Constitucional ponga freno a las intenciones
veladas que se adivinan, por parte de los independentistas, en los próximos
días.
No sale, como suele suceder, Mariano Rajoy, a contar estas novedades a la prensa y, por
ende, a los ciudadanos, sino que vuelve a delegar en Soraya Sáenz de Santamaría,
a quien ha convertido en una sparring, que para los golpes que podrían socavar la naturaleza
de sus decisiones y también, seguramente, para evitar la posibilidad de que
alguno de los profesionales presentes en la rueda de prensa, pudiera preguntarle
sobre lo ocurrido ayer en el juicio de la Gurtel, cuestión para la que, con
toda certeza, no le vale ninguna respuesta.
Como si nada hubiera ocurrido y alegando que lo declarado por
Costa, no es más que una estrategia de defensa, a la que por supuesto, tiene
derecho, la postura de los conservadores sobre este tema, vuelve a ser la de enrocarse en un elocuente silencio
y distraer la atención hacia otros problemas diferentes, en este caso, el de
Catalunya, como estamos viendo, en este momento.
Convencidos de que esta vez, a pesar de la gravedad de los
hechos, tampoco ocurrirá nada y de que podrán continuar disfrutando de una
impunidad que en cierto modo, se está convirtiendo en eterna, los populares
miran hacia otro lado, negando la evidencia y ni siquiera se atreven a dar de
baja en su militancia a Francisco Camps, al que Mariano Rajoy, hace algún
tiempo, declarara públicamente su amor incondicional,
en una plaza de toros abarrotada de público que acudía a uno de los actos
financiado ilegalmente.
Conviene más, estirar el tema de Puigdemont y sus veleidades
cotidianas, en Bruselas o allá dónde se encuentre y echar más leña aún, si
cabe, al enconado problema catalán, demostrando claramente que no existe, por
su parte, ninguna voluntad de poder alcanzar un acuerdo.
La jugada, anunciada con toda solemnidad por la Vice Presidenta
del Gobierno, dirige escrupulosamente la mirada de los medios de comunicación,
exactamente hacia dónde se quiere y entierra, con mano artesana, los gravísimos
hechos acaecidos ayer, ofreciendo un respiro transitorio a quienes debieran
estar hoy respondiendo por su responsabilidad política en el asunto de la
Gurtel, que por cierto, dicen desconocer, como si no entrara dentro de sus
funciones, la obligación de estar informados al detalle, de lo que ocurre en su
propio Partido.
Los ciudadanos, que vemos la maniobra como una repetición de
otras muchas que ya se utilizaron anteriormente, nos preguntamos sin embargo,
qué hace la oposición, mientras vemos con asombro, cómo algún que otro líder de
Ciudadanos aplaude la decisión del Ejecutivo, a pesar de confesar abiertamente
que conocían desde hace años, lo que estaba ocurriendo en Valencia.
Correspondería, por tanto, a los medios, no permitir que
ningún Partido político se desprendiera del equipaje que constituye la prueba
de su flagrante participación en asuntos oscuros de corrupción, mientras se
desvía la atención a otros hechos y aunque es sabido que el problema catalán tiene
la importancia que tiene, la actualidad de hoy, tendría que estar centrada en
las declaraciones de Costa y no en las intenciones de Puigdemont, que poco o
nada importan a la Sociedad en general, hastiada de la duración de este
conflicto.
Exigir al gobierno que separe los temas escrupulosamente y que
ofrezca a los ciudadanos, con urgencia, una explicación aceptable sobre su
participación en lo sucedido en Valencia, tendría que ser, obligatoriamente
inaplazable, pues no basta con acudir a la manida táctica del desconocimiento,
para eludir responsabilidades, en este caso penales, que debieran ser asumidas
por los dirigentes del PP, como por cualquier otra persona que hubiera
incurrido en delito.
No se entiende, que el PSOE de Pedro Sánchez no haya pedido
ya dimisiones, ni que los ciudadanos de Rivera se apunten a la estrategia de
dejar pasar el tiempo. Esta clase de líderes, que permanecen inmóviles,
mientras suceden cosas de este calado en su propio país, no merecen, perdónenme
sus votantes, ni siquiera que se piense en ellos como posibles candidatos a la
Presidencia.

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