Mucho hemos tenido que esperar los ciudadanos de este sufrido
país, hasta escuchar de boca de un destacado dirigente del PP, en una sala de
juicio, algo que todos intuíamos como cierto, pero que nunca había sido
relatado de manera tan clara y contundente, cómo para despejar cualquier
resquicio de duda que pudiera quedar, en el corazón de algunos incautos.
Ha sido Ricardo Costa, esta mañana, el que desmintiendo todas
las afirmaciones vertidas durante años por sus compañeros y hasta por el propio
Presidente Rajoy, en reiteradas ocasiones, ha confesado y admitido que en el
partido popular de Valencia existió durante mucho tiempo una trama de
financiación ilegal, conseguida a través del cobro de dinero negro a una serie
de empresarios, a cambio de la concesión de obras públicas y que no sólo
Francisco Camps conocía y respaldaba estas prácticas continuadas, sino que
también los dirigentes de Génova estaban al tanto de lo que ocurría, a través
del que fuera su tesorero, el célebre Bárcenas.
A Costa no le ha quedado otro remedio que claudicar en la
postura de negación que había mantenido desde siempre, pues la categórica declaración
de varios encausados en el caso de la trama valenciana de la Gurtel y sobre todo,
la de nueve empresarios que han
reconocido haber pagado periódicamente grandes cantidades de dinero, al Partido
conservador, le ha puesto entre las cuerdas, señalándole como uno de los
principales responsables de estas corruptelas y obligándole a confesar la
naturaleza de sus delitos, aunque tratando de evitar quedar, ante los jueces y
los ciudadanos, como el único responsable de lo que durante años ocurriera en la
sede de los conservadores en Valencia.
Aparentemente tranquilo y seguramente habiendo alcanzado
algún tipo de acuerdo con la fiscalía, tácitamente, el que fuera uno de los
hombres fuertes del PP, en esta Comunidad, en sus años de gloria, ha
desmontado, punto por punto, la defensa a ultranza sobre la honestidad de esta
Formación que sus compañeros han venido intentando, por activa y por pasiva, dejando
con sus palabras, a los pies de los caballos, no sólo a la que fuera la plana
mayor de los conservadores en Valencia, sino también a los actuales dirigentes
de Génova, que presuntamente aceptaban y aplaudían el torrente de dinero que
inyectaban los empresarios, a los que después contrataban, para financiar sus
faraónicas campañas electorales o para enriquecimiento propio, como en algunos
casos queda en evidencia.
Esta confesión, que pone al PP en una dificilísima situación
de riesgo, de la que le va a ser prácticamente imposible salir, viene a dar
toda la razón a las afirmaciones que ya apuntaba el Juez Garzón, antes de su defenestración y destierro y deja
claro que el fantasma de la corrupción que ha perseguido a los conservadores,
durante los últimos años, no era una alucinación, sino una triste realidad que
pone en tela de juicio su honestidad y capacidad para continuar gobernando más
tiempo.
Mientras se producía la declaración de Costa, Mariano Rajoy intervenía en el programa de Carlos Alsina, en
Onda cero y afirmaba que personalmente, no estaba al tanto de lo que había
ocurrido en Valencia, intentando zafarse de emitir una opinión sobre lo que acababa de suceder
en la sala del juicio, alegando que su única obligación era la de gobernar el
país y no la de estar informado sobre lo que acontecía, en el seno de su propio
Partido.
Esta premisa, que le ha salvado milagrosamente en muchas
ocasiones de verse envuelto en escándalos mayestáticos, de los que ha
conseguido escapar, simplemente dejando pasar el tiempo, no parece que vaya a
funcionarle en esta ocasión, sobre todo si finalmente se puede juzgar a Camps,
por reiteración de delitos y se le fuerza, como se ha hecho con Costa, a buscar
la benevolencia de los tribunales, para con su causa, forzándole a confesar que
obedecía órdenes de las más altas estancias, situadas en Génova.
Quizá haya llegado el momento de que los socialistas den un
paso al frente y se decidan, de una vez, a presentar una moción de censura, que
seguramente ganarían, porque Ciudadanos no puede ni debe permitirse, votar en
contra, si es que alberga alguna esperanza de llegar al gobierno.
Es la ocasión propicia para echar al PP y no caben, en estos
momentos, argumentos que justifiquen que un Partido que se está viendo envuelto
constantemente en sucios asuntos de corrupción, continúe rigiendo el destino de
los ciudadanos, normalizando la reiterada comisión de estos delitos.
La principal misión de los Partidos opositores, no es otra
que vigilar los movimientos de la
Formación en el Gobierno y procurar, cuando se detectan este tipo de acciones,
activar los mecanismos a su alcance para evitar, a la mayor brevedad posible,
una degeneración de las Instituciones, que afectaría directamente al funcionamiento del
país, y al bienestar de los ciudadanos que
en él vivimos.
La corrupción, que se ha instalado entre nosotros, como una
plaga incontenible, es la peor forma de traición que los políticos pueden
infringir a su pueblo.
Se impone pues, arbitrar las medidas que sean menester para
terminar de raíz, con ella y si han de rodar cabezas, que rueden. Ninguno de
estos implicados pensaba, mientras se cometían los delitos, en ninguno de nosotros,
como es evidente.

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