Una intervención encubierta

Sin valor para reconocer que todas las medidas tomadas hasta ahora en Cataluña han resultado ser un fracaso y sin saber cómo manejar la avalancha humana que se ha instalado en las calles de manera casi permanente, el Gobierno de Rajoy toma la decisión desesperada de nombrar al Coronel de la Guardia Civil,  Diego Pérez de los Cobos, como coordinador general de las Fuerzas de Seguridad en aquella parte de la Península, relegando a los mossos de squadra, a un papel secundario, argumentando la poca colaboración  que de ellos están obteniendo, en la requisa permanente de material relacionado con el Referendum.

Esta intervención encubierta, que resulta ser un paso más en la tácita aplicación del artículo 155 y que arrebata a la Generalitat una de las funciones más importantes de cuántas constituyen su cometido, viene a sumar tensión al clima que se vive en los pueblos y ciudades  estos últimos días, demostrando que el Ejecutivo está dispuesto a saltarse todas las normas que sean necesarias, con tal de evitar que el próximo día 1, la gente pueda votar, por lo que se intuye que a partir de ahora, podrían empezar a reprimirse con dureza las concentraciones de personas que se están produciendo y cuyo comportamiento era, hasta cierto punto, frenado por los mossos, que ya han manifestado su protesta al sentirse oficialmente sobrepasados por la policía nacional y la guardia civil, aunque nadie lo haya reconocido.

Lejos de amedrentar a la gente, que ha llegado a un clima de exaltación de la libertad, similar al del 15M, muchas personas que aún continuaban en casa, dudando seriamente entre lo que ordenaba la legalidad reclamada desde Madrid y la que aconsejan los líderes de la Generalitat, han dado un paso al frente colocándose al lado de sus conciudadanos, empujados a empatizar con lo que defienden los que ya estaban en la calle y que no sólo tiene que ver con su deseo de independencia, sino más bien, con la indignación de ver cómo se intenta someter a la población, sin permitirle siquiera su inalienable derecho a expresarse, en un sentido u otro, en una votación que se hace cada vez más necesaria, si se quiere salir del laberinto en el que nos hallamos perdidos.

Tampoco el gobierno de la Generalitat se mueve ni un milímetro de sus posiciones, pues la dificultad de manejar la situación a la que se ha llegado no debe ser, en estos momentos, nada fácil, con lo que la solución real del problema se intuye como cada vez más lejana, como si una ola de sobrevenida locura se hubiera apoderado de los que manejan el poder, en uno y otro bando y los recursos políticos hubieran sido superados por las resoluciones judiciales y policiales, como única salida.

Verdad es, que ni Puigdemont  ni Rajoy, pueden permitirse, a estas alturas, defraudar a quiénes les siguen en sus planteamientos, pues el acaloramiento de los ánimos, que ha entrado en una efervescencia imparable, no lo aconseja, pero habrían de considerar  con urgencia, que la apertura de la enorme brecha social que están generando con su exacerbado empecinamiento sólo puede traer consecuencias nefastas y que ceder, aunque sólo sea de manera testimonial, forma parte importante de la grandeza de los políticos, aunque tal acción sea continuamente menospreciada, en los tiempos que vivimos, por los que nos gobiernan.

Porque a nadie, en su sano juicio, se le ocurre otro remedio mejor que acudir al diálogo y la negociación para poder encontrar un camino que nos saque de éste, que no conduce a ninguna parte y que para ello, Rajoy y Puigdemont, habrían de renunciar por igual a cuánto ha venido ocurriendo en estos últimos años, para partir necesariamente de cero, aunque ello les costara, a los dos, una pérdida considerable de  adeptos o incluso tener que abandonar los cargos que ocupan, a favor de la conciliación y el respeto que reclaman la mayoría de los ciudadanos que les eligieron.

Ni se puede desoír las reclamaciones de millones de ciudadanos catalanes, ni imponer, del modo que se ha hecho, la celebración del Referendum. Sobran, los dos protagonistas que instigaron estas acciones y sobran, incluso las palabras, cuando de antemano se ha perdido la razón, por lo mal que se ha gestionado el conflicto.

 Puede, que a muchos les desilusionara tener que volver a empezar, pero eso pasa, cuando se juega peligrosamente con la esperanza de la gente.

Abrir vías de entendimiento, ha de ser la primera obligación de cualquier político que ejerza sus funciones en un país democrático y la aplicación de la fuerza, la represión o la instigación al odio hacia los disidentes, desgraciadamente no puede, sino recordar a  los métodos empleados por las dictaduras, sean del signo que sean y se encuentren dónde se encuentren.