Marea blanca

La lucha del personal sanitario de la Comunidad de Madrid, en defensa de una Sanidad Pública de calidad, frente a la privatización encubierta que está empezando a llevar a cabo su gobierno, ha de ser necesariamente apoyada por el conjunto de una sociedad española, que se está viendo gradualmente despojada de prestaciones absolutamente necesarias para poder convivir con la enfermedad de manera digna, sin ser discriminados por razones de economía, como el ejecutivo de Rajoy pretende.

Este derecho a recibir asistencia a cambio de una prestación directamente obtenida del sueldo de los trabajadores, era hasta ahora un logro asentado en nuestro país, que se había conseguido tras años de lucha y que colocaba en una situación de igualdad al príncipe o al mendigo, hasta que los recortes practicados por el Partido Popular empezaron a embadurnar el sistema con estratagemas engañosas.

En el caso de la Comunidad de Madrid, el asunto se veía venir desde hacía mucho tiempo. Los Hospitales gestionados por Esperanza Aguirre, que en épocas pasadas invirtió auténticos capitales en la construcción de Edificios faraónicos, supuestamente destinados a usos sanitarios, parecen ser ahora bastante apetecibles para un capital privado, ávido de hacerse con el control de la amplia cartera de clientes que son atendidos en la sanidad pública y que al quedar desamparados por las nuevas medidas, harán lo imposible por continuar con sus tratamientos, aunque para ello tengan que endeudarse de manera vitalicia.

La nueva canalización que de varios centros de Madrid piensa hacerse, encubre en realidad una forma de concierto con la medicina privada, seguramente para intentar después, gradualmente, evitar la participación del Estado en la gestión de estos ambulatorios y hospitales, a cambio, por supuesto, de una jugosa aportación de carácter particular, que garantizaría su propiedad a los nuevos dueños.

Mientras, el pueblo de Madrid y en concreto los habitantes de ciertos pueblos, son derivados de manera masiva hacia otras instituciones estatales, donde el servicio se convierte en tercermundista y las listas de espera triplican el tiempo que hasta ahora se aguardaba, en el caso de necesitar una intervención quirúrgica.

Los profesionales, que se niegan rotundamente a que su trabajo empiece a ser cuestionado por una razón de calidad y tiempo y que han visto sensiblemente reducidas las necesidades de personal, con el despido masivo de los interinos, han decidido jugarse el tipo organizando paros y encierros diarios y ofrecen a todo aquel que quiera oír, una explicación sin tapujos, de cuanto está ocurriendo.

La marea blanca, que tiñe las calles de Madrid intentando frenar los planes del PP, en una lucha sin precedentes, no se trata pues, de un grupo de alborotadores que van en contra del sistema por propia conveniencia, sino de un colectivo concienciado con lo que de ellos espera la ciudadanía, que no se resigna a que la salud de los españoles, se convierta en un mero negocio para enriquecimiento de unos cuantos, mientras los humildes son relegados a una asistencia de cuarta división, precisamente en los momentos en que la enfermedad los ataca.

Esta lucha ha de encontrar un apoyo sin reservas en todos los afiliados a la Seguridad Social, si es que se quiere conservar el modelo sanitario del que disfrutamos y ese apoyo, que en muchos casos requiere de la presencia de los ciudadanos en los lugares de concentración propuestos, ha de ser total y absoluto, desinteresado y contundente.

Ha de tener claro Rajoy, que los profesionales de la Sanidad no están solos en esto, sino que son respaldados por un sentimiento popular, absolutamente opuesto a las pretensiones de recorte que en este sector se tiene previsto para los próximos tiempos.

Los españoles no pertenecemos, ni queremos pertenecer, a una sociedad a la americana, en la que sólo tienen cura las enfermedades de los ricos, fundamentada en un sistema de seguros médicos privados, casi siempre contrarios a cubrir los gastos originados por las enfermedades más graves, llegando la gente a morir de ellas, si no dispone de recursos.

Los españoles hemos batallado duramente por una Sanidad Universal, que funcionaba a la perfección hasta que en su camino se cruzaron las deudas millonarias de los bancos, a los que ha habido que socorrer para evitar su ruina.

Pero cambiar la salud de los ciudadanos por evitar la bancarrota de ciertas entidades económicas, constituye una felonía de difícil descripción y coloca a los promotores de dicho plan, en un lugar nada deseable, lejos de cualquier regla moral que garantice la bondad de su pensamiento.

No nos vamos a resignar a esto tampoco. Ni en la Comunidad de Madrid, ni en ninguna otra parte en la que intuyamos algún indicio de privatización contrario al interés de este pueblo.