Nada más conocerse la noticia de que la Fiscalía pedirá una fianza de ocho millones de euros en el caso de Urdangarín, los españoles empezaron a cavilar sobre cómo se pagará dicha fianza y de dónde procederá el dinero, si finalmente es satisfecha.
Sin mala fe, pero desconfiado sobre todos los acontecimientos que han rodeado a la familia real en los últimos tiempos, el pueblo no tuvo más remedio que imaginar que si, como parece, el yerno del Rey pudiera declararse insolvente, lo natural en este caso sería que su familia más cercana, es decir las arcas reales, pudieran responder al montante que significaría la libertad del marido de la infanta, con lo que los ocho millones vendrían, directamente, del bolsillo de los contribuyentes de este país.
Bien está que a regañadientes, muchos de nosotros hayamos aceptado durante más de treinta años a la monarquía y que hayamos reconocido lo fundamental de su actuación en aquel lejano 23F, para la consolidación de la Democracia, pero los desmanes que se han venido cometiendo durante el último año y la gravedad de la crisis que nos afecta, empieza a exigir una revisión urgente del cometido de esta institución absolutamente caduca, e impone un control minucioso de cómo se distribuye la jugosa subvención que reciben, de manera vitalicia, de parte del Estado español.
Si Urdangarín no puede hacer frente a lo que para él pide la fiscalía, debiera aguardarle un destino exactamente igual que el que corresponde, por ejemplo, a cualquier ciudadano que no cumple con sus deudas contraídas y si en este caso, las deudas tienen que ver con la justicia, por causa de un delito monetario presuntamente cometido, lo suyo sería que este señor permaneciera bajo arresto hasta la celebración de su juicio, como cualquier hijo de vecino implicado en actos de idéntica envergadura.
Para la ley, que es teóricamente ciega, no han de valer `parentescos, por muy reales que sean, ni han de existir privilegios según la catadura de los acusados.
La ley ha de ser incluso más implacable cuando se trata de personajes públicos que por su condición, deben al pueblo que los alimenta, una conducta intachable, sin que nada pueda manchar su expediente, cuánto más, cuando se trata de haber prevaricado con la intención de conseguir un enriquecimiento personal, aprovechando la situación de privilegio en que uno se encuentra, por meros motivos familiares.
Naturalmente que sería escandaloso ver a Urdangarín entre rejas, pero es mucho peor haberse servido del apellido Borbón para lograr un trato de favor en negocios de dudosa procedencia.
Así que se habrá de asumir lo que ahora venga, como una consecuencia de unos actos cometidos con plena consciencia y que durante años han servido para el relanzamiento de una economía personal, creyendo estar en posesión de una impunidad, garantizada nada menos que por la institución de la Corona.
De modo que el juez encargado del caso, ha de tener un compromiso tácito con este pueblo de sufridores y garantizar que, de pagarse la fianza, se hará sin que la monarquía intervenga para nada en este embrollo financiero, que acabarían por salpicarla poniéndola en un terrible aprieto.
El pueblo ya está cansado de pagar los delitos de los especuladores y en ningún caso está dispuesto a consentir que con su sacrificio se sufraguen los excesos de más implicados en corruptelas, se llamen como se llamen y ocupen el cargo que ocupen.
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