Gracias al Ministro Gallardón, que durante años se fabricó una imagen de progresista absolutamente engañosa, los españoles que a partir de hoy se vean obligados a realizar algún trámite judicial, tendrán que pensarlo con calma, si no quieren ver considerablemente mermados los pocos ahorros que aún les queden.
La tasas de nueva aplicación contemplan, por ejemplo, que el mero hecho de recurrir una sanción de tráfico cueste al contribuyente 200 euros, o que todo aquel que desee emprender la tramitación de un divorcio, haya irremediablemente de contar con 3000 euros o conformarse para siempre, con lo que le deparó el destino cuando pronunció el sí quiero.
Se instala entre nosotros una justicia exclusivamente de ricos, que se parece bastante a la que se maneja desde hace años en EEUU y que como allí, coloca en total indefensión a todos aquellos ciudadanos que no dispongan del necesario capital para poder hacer frente a cualquier tropelía que contra ellos se cometa y que hasta ahora, podían denunciar de manera gratuita, establecido como estaba, un concepto de garantías legales universales, que a todos nos protegían de los abusos y a las que podíamos recurrir en igualdad, impedientemente de nuestros posibles.
La nueva imagen del Ministro, que en nada se parece a la que nos llevaba ofreciendo desde la alcaldía de Madrid, cuando se prestaba a celebrar matrimonios entre homosexuales y respondía con educación exquisita a las propuestas de la izquierda, ofrece ahora una serie de matices que han dejado estupefactos a todos aquellos defensores que tenía, incluso entre las filas de sus oponentes.
Su llegada al poder parece haber sacado de sus adentros multitud de fantasmas conservadores celosamente guardados durante demasiado tiempo y lo ha transformado en garante de todos los pensamientos prehistóricos que caracterizaban principalmente al ala ultra de su partido, como si todo lo que hasta ahora defendía de cara a sus electores, se hubiera quedado en la mesa del Ayuntamiento de la Capital, almacenado en una carpeta que se ha cerrado para siempre.
Este salto al vacío que sin duda habrá de restarle una enorme cantidad de votos entre la gente que se considera de centro, seguramente traerá consigo una pérdida inmediata de popularidad y por supuesto, la antipatía garantizada la gran parte de la ciudadanía que no pueda acceder a la justicia por falta de medios.
Quedan así zanjadas las diferencias entre miembros del partido popular y se abre ante nuestros ojos un horizonte que no deja dudas sobre la ideología que mueve a los que detentan el poder y sobre cuáles pudieran ser las nuevas medidas que aún quedan por venir, ahora que sabemos que hay unanimidad en los acuerdos.
Esta privatización encubierta de la justicia, que ha de ser necesariamente anticonstitucional al dejar en desamparo a las clases humildes, irrumpe en el país, disfrazada de nuevo por la palabrería barata del ejecutivo, que trata de convencernos vanamente de las bondades de sus reformas, diseñadas a la medida, para los ricos.
En su desmedido afán recaudatorio, Rajoy vuelve a cubrirse de gloria permitiendo este nuevo atropello, que viene a sumarse a los muchos ya cometidos durante su primer año de legislatura y que no será el último, a juzgar por la velocidad en emitir decretos que mueve a este gobierno, cada vez más lejano de la ciudadanía.
Pude que centrados como están en la urgencia de denostar a los nacionalistas catalanes, antes de las elecciones venideras, no hayan reparado en la enorme importancia que tiene establecer un `precio para justicia, ni el impacto social que esta medida puede causar entre las mayorías, de las que tanto gusta hablar a nuestro Presidente.
Las primeras protestas no tardarán en llegar, pues si los ciudadanos no pueden siquiera apelar cuando consideran injusta una multa ¿qué clase de leyes nos regirán a partir de ahora y cómo nos defenderemos de la ilegalidad, con la ruina económica en que vivimos?
Por tanto, no se extrañe el ejecutivo de que la ciudadanía decida tomar masivamente las calles para reclamar cualquier tipo de derecho. Queda claro que es el único foro que aún queda abierto para canalizar su protesta y el único lugar al que todavía se puede ir sin tener que satisfacer alguna tasa, que escape de las posibilidades de los humildes.
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