Tiempo de rapiña

El Consejo General del Poder Judicial desestima la querella contra Dívar, por el asunto de sus viajes, y vuelve a poner en boca de todo el país el funcionamiento de la justicia, que no termina de actuar en casos de presunta corrupción y suele dar veredictos de inocencia en los que llegan a los tribunales, con demasiada frecuencia.

No conviene que la ciudadanía se acostumbre a ver como un fenómeno natural que los delitos económicos no tengan condena, fundamentalmente si los encausados en ellos son personajes de cierta relevancia, porque esa costumbre bien podría generar que los que aún no se han atrevido a enriquecerse saqueando los caudales públicos, optaran finalmente por atreverse a hacerlo, si el tema llegara a considerarse como algo inherente al cargo que ocupan y no obtuviera una contundente reprobación, por parte de las personas honradas.

A juzgar por el número de casos sacados a la luz en los últimos años, y todos aquellos que cada uno de nosotros conoce, sin que hayan llegado a hacerse públicos, cabría pensar que alguien ha tenido la habilidad de colocar en la mayoría de los cargos políticos y de responsabilidad, a una horda de facinerosos buscados en lo más oscuro de todas las cloacas, que se han tomado el País como un enorme garito en el que hacer apuestas clandestinas, con la única intención de sacar una enorme tajada, de la que poder vivir a todo tren el resto de sus vidas.

Pero la banca de este casino virtual, resulta, que basa su capital en el esfuerzo de todos los españoles, que contribuyen disciplinadamente, con sus impuestos, a que no falten fondos a las arcas del Estado, con la ilusoria idea de estar fomentando un bienestar común, que les haga más fácil la vida en temas estrictamente necesarios, como la sanidad o la educación y con la fallida esperanza de estar protegidos contra el delito, por medio de un sistema judicial que se lo garantice, sin concesiones partidistas o ideológicas y con la contundencia necesaria para ejemplarizar con sus sentencias.

Y sin embargo, cumple más pena un tironero de barrio, que roba un bolso para comprar la dosis de droga que su enfermedad le exige, que cualquier defraudador de impuestos que es inexplicablemente amnistiado para que regrese al país y pueda volver a empezar su cadena de delincuencia.

A nadie parece extrañar la rapidez con que se reúnen ingentes cantidades de dinero para pagar fianzas millonarias, como en el caso del implicado principal de la Gurtel, aunque lo natural sería abrir inmediatamente una investigación para descubrir el origen de ese capital que da la libertad a un encausado de tal índole.

La expresión popular de “son todos iguales”, parece justificar cualquier desmán cometido por esta gente, como si se hubiera aceptado que la rapiña, el robo, la corrupción, la malversación o el cohecho, no tuvieran cabida en el código penal y la absolución a los encausados por estos delitos se diera por sentada.

Y sin embargo, lo verdaderamente normal sería que la honradez y la transparencia fueran indispensables para cualquiera que decidiese dedicarse a la política como profesión, siendo además, de no cumplir estrictamente estas premisas, considerado mayor su delito y castigado con penas más duras, a cumplir en su totalidad, y llevando como condición primordial, la devolución de lo sustraído.

El saqueo a que ha sido sometida España en los últimos años, tiene una gran parte de la culpa de la situación actual que atraviesa y los responsables tienen nombre y apellidos…y forman parte, en la mayoría de los casos, de Instituciones a las que salpican de podredumbre con sus vergonzosas actuaciones delictivas.

El País entero lo sabe y algunos, como yo, nos atrevemos a decirlo.