Al pueblo español no le sirve la dimisión de Dívar como Presidente del Consejo General del Poder Judicial, sabiendo como sabe, que se ha producido de una manera forzada y a regañadientes.
Tampoco le sirven las palabras de Alberto Ruiz Gallardón, Ministro de Justicia, instando a mirar hacia adelante para tratar de recuperar la credibilidad de los Jueces.
El pueblo español está harto de simular que mira hacia otro lado cuando se producen esta suerte de hechos y calla, porque sabe que tiene la batalla perdida, si trata de exigir que en lugar de la dimisión, se esclarezcan los hechos que la motivaron y se pidan las responsabilidades que hubieren lugar a su protagonista, en la misma medida en que se haría con cualquier hijo de vecino, de quien se sospechara una malversación de caudales públicos, sobre todo si no detentara cargo político alguno y se tratara, por ejemplo, de un intento de fraude en su declaración de la renta.
Al pueblo español no le enternece saber que Dívar es el primero de los presidentes del CGPJ que dimite, ni le conmueve que se vea forzado a pedir la jubilación tras el abandono de su cargo.
Al pueblo español lo que de verdad le interesa es saber la verdad sobre sus viajes de lujo a Marbella y conocer exactamente de dónde salieron los caudales que los costearon, aunque las querellas presentadas hayan sido desestimadas, como si esto fuera algo natural que podría estar sucediendo todos los días, cuando se habla de gente que pertenece a esas instancias.
El pueblos español no quiere mirar hacia adelante, sino hacia atrás, y que alguien le cuente con toda suerte de detalles, todos y cada uno de los asuntos de corrupción que se han producido en el país durante los últimos tiempos, con los nombres y apellidos de sus protagonistas y la cifra exacta que se baraja en cada uno de ellos y que quizá puede ser bastante próxima a la que ha pedido nuestro presidente para el supuesto rescate de la Banca, porque, naturalmente, no ha sido devuelta a las arcas del Estado, ni nadie cumple pena por los delitos cometidos.
El pueblo español no ha minado la imagen de los jueces, ni ha firmado sentencias absolutorias en casos flagrantes, poniendo en la calle a los acusados, o aceptando su libertad condicional a cambio de sumas millonarias, cuya procedencia no se ha dado en investigar en ningún momento.
El pueblo español se encuentra en un punto de cansancio, en el que ni siquiera se atreve a denunciar ciertas leyes impuestas, que podrían rayar claramente la inconstitucionalidad, porque está seguro de que sus denuncias ni siquiera serían admitidas a trámite, en un aparato judicial que no brilla, precisamente, por su objetividad a la hora de juzgar según qué clase de delitos.
La fama de que gozan actualmente sus señorías, ha sido ganada a pulso por su manera de actuar y sobre todo por su afición a una interpretación de las leyes que con demasiada frecuencia, resta importancia al quebrantamiento que de las mismas suelen hacer los cargos públicos, dando como por sentado, que estos fenómenos son casi naturales y que hay que aprender a convivir con ellos.
Haría bien el señor Gallardón en acudir a las hemerotecas para estudiar con ahínco las innumerables historias de esta clase que se encuentran reflejadas en las páginas de todos los periódicos, y cotejar después si puede ser motivo de alegría para el pueblo español, al que supuestamente representa, que casos de gravísimo calado hayan sido resueltos siempre a favor de los encausados, como si no fueran por todos conocidos los hechos que han dado lugar a que se llevara a juicio a este tipo de gente.
Así pues, la dimisión de Dívar, no supone para el pueblo español más que otro nombre a sumar a la larga lista de casos sin esclarecer de los que se tienen noticias y un nuevo motivo para aumentar la desconfianza que ya tiene en el funcionamiento de una justicia que necesita, esa sí, una urgente revolución que cambie radicalmente el rumbo que ahora lleva, si no quiere acabar convirtiéndose en un fantoche, incapaz de provocar otra cosa que risa.

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